.
publicado por Marcelo Ruiz Tagle Escobar director@eloradorilustrado.cl α&Ω
UN ACUERDO ENTRE LAS SOMBRAS
Este 31 de mayo se firmó un acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en las pertenencias del Estado ubicadas en el Salar de Atacama, la mayor reserva mundial del mineral no metálico.
Esto, en un contexto donde el contrato firmado el año 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle que le aseguraba la explotación exclusiva y excluyente de litio a la empresa controlada por Julio Ponce Lerou a partir de condiciones manifiestamente abusivas contra el interés fiscal, vence en diciembre de 2030.
Los reiterados incumplimientos a las condiciones del contrato en grave perjuicio del interés fiscal, impulsaron a durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet CORFO demandara el termino anticipado del contrato, con el fin de efectuar una licitación para determinar quién podría explotar ese valioso recurso en las mejores condiciones económicas, sociales y ambientales para el Estado y las comunidades que viven en la zona.
Finalmente el 2018 se llegó a un acuerdo para poner termino a los juicios que ponían en riesgo la operación de SQM, mejorando las condiciones para el Estado, y en un escenario donde el entonces Vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, señaló públicamente que recibió presiones para transar con la empresa de Ponce.
El gobierno de Gabriel Boric decidió definir el futuro de la explotación en el Salar de Atacama después del año 2030, momento en el cual el Estado volvería a controlar totalmente sus pertenencias de litio. En vez de explorar la posibilidad que el Estado realizara la explotación de forma directa, o hacerlo con la intervención de un privado que se determina a partir de una licitación abierta, competitiva y transparente, la cual fuera adjudicada a quien garantizara las mejores condiciones, sorprendentemente se eligió negociar de forma directa y a puerta cerrada con SQM.
El resultado fue un memorándum de entendimiento firmado en diciembre y ahora un acuerdo final suscrito en mayo, a partir de un proceso en que se vulneró gravemente los principios de transparencia y probidad. Para eludir el enorme perjuicio fiscal que se produce, Máximo Pacheco ha destacado cuánto gana el Estado de Chile con el acuerdo, pero omite hacer la pregunta correcta: ¿cuánto Pierde el Estado de Chile?. Cualquiera que sea la empresa que desarrolle la explotación de litio debe someterse al pago de una renta de arriendo para el Estado, en los mismos términos que el contrato de arriendo vigente, sumado a la carga tributaria que toda empresa por ley debe cumplir, por lo que esos elementos no constituyen una ventaja que se obtenga por el acuerdo. En este contexto, y según lo reconoció su propio gerente general ante una junta de accionistas realizada el mes de marzo, SQM no pagará nada por acceder al contrato con Codelco, el cual le garantiza utilidades sobre 4,5 millones de toneladas de litio, lo que va en contra de lo observado a nivel internacional respecto a las importantes sumas que se pagan por dicho concepto. De hecho, Codelco pagó 236 millones de dólares para comprar una empresa australiana dueña de un proyecto de litio en el Salar de Maricunga, el cual ni siquiera está en marcha, y su realización depende de autorizaciones que han sido objeto de recursos ante los tribunales de justicia, los cuales aún no se han fallado. Múltiples expertos han señalado públicamente que el valor de acceso al contrato por el Salar de Atacama supera los 11.000 millones de dólares, monto que el Estado de Chile pierde en esta negociación.Por eso lo importante no es cuánto ganará a futuro Chile por el Litio sino cuánto pierde de ganar por esta condiciones con un socio que no da confianza alguna por su comportamiento desde que se adjudicó en Dictadura la extracción en la reserva del mundo y la más económica por su condición física.
Los claros indicios sobre la posible existencia de prevaricación, administración desleal, e incluso tráfico de influencias y fraude al fisco deben ser investigados de forma seria y profunda. Es por esto que presenté el pasado 2 de mayo una denuncia ante el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte del Ministerio Público, para que se esclarezca todo aquello que de forma inexplicable se ha mantenido en secreto, a pesar que mucha información básica sobre la negociación ha sido requerida sin éxito por parlamentarios de distintos sectores. La Denuncia contiene los detalles y pruebas más que suficientes para que esta investigación se realice. La Chilenizacion del Cobre el sueldo de Chile la realizó el Pdte de Chile Eduardo Frei Montalva, la Nacionalización la hizo el Presidente Salvador Allende Gossens con la aprobación unánime del Congreso Nacional, el proceso para entregar el Litio por 60 años es un error histórico que será facturado negativamente por las futuras generaciones y un agravio a la ciudadanía que hoy exige transparencia y probidad al Estado y las Empresas Privadas.
Una vez establecida la verdad de lo sucedido, corresponde que se definan o descarten responsabilidad penales, y en su caso hacerlas efectivas de forma concreta y ejemplar, para poder fin al ciclo de impunidad que existe en nuestro país, dentro de cuyos principales exponentes se encuentran precisamente SQM y la familia Ponce Pinochet.
Estamos frente a una determinación trascendental para el futuro de Chile, y los ojos de la historia están puestos en las acciones y omisiones de todos quienes nos debemos a los intereses permanentes del país.
Muchos aplaudíeron el anuncio Presidencial del acuerdo aunque muy pocos conozcan su contenido y alcance. No digan después que no lo sabían, porque los que debían, poco y nada hicieron por informar públicamente para que la ciudadania pudiera conocerlo.
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
Concepción 3 de Junio 2024