DISCURSO CUENTA PÚBLICA PRESIDENTE GABRIEL BORIC FONT VALPARAÍSO 1 DE JUNIO 2024

PREÁMBULO Honorables miembros del Congreso Nacional, pueblo de Chile: Cumplo hoy con mi deber constitucional de dar cuenta a las chilenas y chilenos del estado de la Nación. Lo hago con la íntima convicción de estar avanzado en resolver los problemas de nuestra patria; de estar curando heridas para tener un país más pacífico, sin fracturas; con una economía en equilibrio, y por lo mismo en condiciones de crecer; con más justicia y cohesión; con más seguridad en todas sus dimensiones: pública, económica y social. De estar construyendo paso a paso una sociedad del bienestar sobre el legado de quienes nos antecedieron. Esto es, en simple, que el lugar de nacimiento no determine la trayectoria vital y que las circunstancias de la vida, como la niñez, la vejez y la enfermedad, se entiendan como etapas que deben ser abordadas no individualmente sino como sociedad, con responsabilidades compartidas por todos sus integrantes. Antes de entrar en materia, quiero recordar a quien desde este mismo lugar se dirigiera a la nación en el período presencial pasado, el ex Presidente Sebastián Piñera Echenique, fallecido trágicamente este verano, a cuya familia envío un gran abrazo. Saludo también a los ex presidentes que por diversas razones hoy no han podido acompañarnos: a Eduardo Frei Ruiz Tagle, uno de los artífices de la apertura de Chile al mundo, a Ricardo Lagos Escobar, ineludible referente y constructor de nuestra democracia, y a Michelle Bachelet Jeria, cuyos caminos pioneros en derechos sociales, equidad de género, protección del medio ambiente y tantos otros, hemos transitado y buscado ampliar. Como no recordar también al ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, quien lideró la difícil tarea de la recuperación y consolidación de la democracia. Los cambios materiales, políticos y sociales que Chile y el mundo han enfrentado han sido vertiginosos. Como gobierno hemos asumido estas nuevas realidades y demandas. Por ello es que en base a la diversidad política y generacional de las distintas trayectorias de esta coalición de gobierno hemos construido una síntesis: un proyecto que defiende y profundiza la democracia, le da estabilidad y certidumbre al país, abriendo camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Esta es la esencia de mi gobierno, la que nos guía en la necesaria adaptación a los nuevos escenarios. Si bien la paz, la democracia, la globalización y el comercio internacional siguen siendo un anhelo compartido por gran parte de los pueblos y gobiernos del mundo, hoy vemos con horror como la guerra y la matanza de inocentes han retornado como armas de la política y los Estados. Cómo los populismos y sus atajos pasan por alto las reglas más básicas de la democracia. Cómo se forman bloques guiados por intereses geopolíticos y no por el bienestar de los pueblos y del planeta. Para Chile, un país proverbialmente identificado con la paz y la democracia, y para el cual la apertura al mundo ha sido en las últimas décadas su motor de progreso, el curso actual de la humanidad plantea desafíos gigantescos. Hace años la economía chilena ha venido perdiendo impulso. Esto afecta todo, desde la calidad de vida al ánimo de las personas, desde la tolerancia a las frustraciones a la violencia cotidiana, desde las ilusiones de los jóvenes al merecido descanso de los mayores. Unos culpan de esto a la burocracia, o a determinadas reformas, otros a la pérdida de empuje empresarial y a la excesiva desigualdad. Muchos al contexto mundial. También a la indolencia de la política, más preocupada de pelear entre bandos que de idear medidas creativas. Como sea, el hecho es que Chile en los últimos años parece haber perdido la confianza en sí mismo. El deseo de destacar nuestros defectos parece superar a nuestra motivación por resaltar nuestros logros. No me refiero a los logros del gobierno, sino del país. El monstruo de la desesperanza está aquí, sentado en el living, y tenemos que expulsarlo. Para esto tenemos que construir confianza en el país que somos y en el que podemos ser. Chile tiene todo el potencial para ver con esperanza el futuro y materializar paso a paso aquellos cambios que nuestro país necesita. Como me enseñara un sabio profesor ya fallecido, la buena tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Muchos lo advirtieron años atrás: en Chile podría sobrevenir una explosión social si no se destrababan las reformas que habían esperado demasiado tiempo, si no se acordaba una nueva generación de políticas públicas para reducir la desigualdad, si no se castigaba con fuerza la corrupción de los sectores privilegiados, si no se tomaban medidas drásticas contra los abusos, si no se enfrentaban las diferencias de trato que reciben las personas según su origen social. Esta visión enfrentó la resistencia de sectores políticos y económicos que tomaron la advertencia a la ligera. Nadie imaginó, sin embargo, que esa explosión se iba a producir en octubre de 2019. Malestares acumulados, debates que no supimos y decisiones que no se tomaron a tiempo (y que siguen todavía pendientes) condujeron a cientos de miles de chilenas y chilenos, sin distinción de color político, a copar las calles en gran parte del país. Los actos de violencia existieron y son inaceptables. Reducir todo lo que sucedió a eso, es engañarse. Puede ser más cómodo tratarlo hoy así pero no por ello deja de ser un auto-engaño. Las demandas allí expresadas —malestar con la política, pensiones dignas, mejor salud, mayor justicia social, igualdad de género, reconocimiento de los pueblos originarios, cuidado del medio ambiente— siguen tan vivas como antes. Y la buena política, no es aquella que está permanentemente con calculadora pensando en la próxima elección, sino aquella que se atreve a cruzar barreras poniendo el bien común de Chile y su gente por delante de los intereses particulares Nos tomará mucho tiempo entender todo lo sucedido en los últimos años; pero lo que sí sabemos es que esos eventos manifestaron una crisis profunda de las bases mismas de nuestra convivencia, de nuestra democracia y de nuestra economía. Así lo reconocieron todos los actores políticos y económicos (aunque algunos parecieran haberlo olvidado). Fue el acuerdo de noviembre de 2019, que significó iniciar un proceso constitucional ampliamente respaldado por la ciudadanía, lo que permitió encauzar institucionalmente esta grave crisis. Esto significó que nuestro gobierno hubo de convivir con un proceso constitucional e inéditamente con elecciones en todos los años de nuestro período. Se arribó a dos propuestas constitucionales, pero ninguna logró satisfacer las aspiraciones de las y los chilenos. Hay quienes dicen que fue una pérdida de tiempo. No comparto este juicio. Hoy tenemos un Chile en paz donde nadie pone en duda la democracia, y las lecciones de un proceso intenso que nos dejó como aprendizaje, que espero quede grabado a fuego en nuestro ethos democrático, que cuando nos atrincheramos en posiciones irreductibles negando la validez de quien circunstancialmente está en minoría, y dejando de dialogar las legítimas diferencias para construir en conjunto, el país no avanza y el péndulo cambia. Las llagas y demandas del estallido estaban aún vivas, y el proceso constitucional recién iniciaba su marcha, cuando sobrevino otra crisis inesperada: la pandemia del Covid 19 que, con su dolorosa estela de más de 50 mil fallecidos, aún nos duele. Con todo, logramos salir de ella con relativo éxito en atención al escenario mundial, lo que debemos en gran parte a la fortaleza del sistema de salud chileno. El Estado tuvo que usar sus ahorros para salir en ayuda de las familias, a lo que se sumó el cuestionado retiro de los fondos de pensiones, que contó con un respaldo parlamentario transversal en su momento. Esto ayudó a las familias a salir del paso, pero generó una presión inflacionaria y fiscal como la que no habíamos experimentado en muchísimos años. Nos correspondió a nosotros como gobierno junto al Banco Central enfrentar estas amenazas. Cumplimos exitosamente la tarea de estabilizar la economía mediante un ajuste necesario que no se hizo a costa de los más vulnerables como dicta la ortodoxia. Nos correspondió también encarar la violencia que venía en aumento en el período anterior, que afecta a nuestros compatriotas del sur de Chile por obra de pequeños grupos que se escudan en la causa del pueblo mapuche para sembrar el terror y asociarse con el robo de madera y el narcotráfico. Al país le consta que no nos ha temblado la mano. Nos duele y moviliza cada caso de violencia y muerte. Y gracias al trabajo conjunto y a la valentía de Carabineros, PDI, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía hemos logrado disminuir en los dos años de nuestro gobierno en un 37% los hechos de violencia en la zona respecto a los dos años anteriores. A todas estas instituciones les agradezco su abnegado trabajo. Seguiremos en este camino sin vacilación. Cuando asumimos, nuestra frontera norte estaba totalmente desbordada por la inmigración ilegal. Se había cometido el error de no prever la magnitud de este fenómeno, de no aquilatar su impacto en la sociedad, de no adoptar medidas oportunas. No obstante, hoy podemos decir que Chile, con las dificultades propias de una frontera tan extensa como la nuestra, ha reforzado el control de sus fronteras que es lo mínimo que se le exige a un Estado en forma. Junto con eso hemos desplegado un masivo plan de empadronamiento, y desarrollado una diplomacia activa sin la cual la expulsión de aquellos extranjeros que no cumplen con nuestras leyes no es más que demagogia. En América Latina y el mundo, el crimen organizado sabotea la convivencia, la democracia y el crecimiento económico. Este no se contendrá con facilidad, pues responde a fenómenos muy profundos de nuestras sociedades. Urge entonces crear los mecanismos para defendernos antes de que sea tarde. Para esto no hay atajos. La presencia del crimen organizado en nuestro país nos ha estremecido, pero no nos puede paralizar. Nos debe poner alerta y hacernos actuar con lucidez y racionalmente. El crimen organizado ha prosperado en todo el mundo y lo hace valiéndose de la debilidad de las instituciones y del retroceso de la legitimidad del orden social. Ahí donde se valida la violencia, donde se permite pasar por encima de los demás, donde se subestima el valor de la vida y la dignidad humana, el crimen prospera. Cuando la idea de la ganancia económica obtenida a cualquier precio es aceptada, el músculo moral de la sociedad para defenderse del delito se debilita. Las fisuras de nuestras instituciones, y sus flaquezas para resistir la corrupción son aprovechadas por los delincuentes. Es cómodo pensar que el crimen organizado es un agente externo que nos invade desde afuera, pero la verdad es que prospera valiéndose de nuestras propias debilidades. La mayor de ellas es la presencia de la violencia en muchos ámbitos de nuestra vida social. Por largo tiempo la violencia fue colándose en nuestra convivencia: la vemos en las escuelas, la vemos en las barras, la vemos en las manifestaciones públicas, en la vida familiar, en el trato a las mujeres y los niños. Por eso les digo, compatriotas, que el adversario es la violencia. La lucha que estamos dando contra la criminalidad se apoya en políticas públicas especializadas y bien financiadas, pero su base más profunda depende de nuestro esfuerzo por alejar a la violencia de nuestra vida social en todas sus dimensiones. Ese es uno de nuestros mayores propósitos como gobierno: que aprendamos a vivir juntos sin dañarnos, aceptando nuestras diferencias, debatiéndolas con pasión, pero respetándonos. En paz. Una comunidad que se trata así y que resuelve de esa forma sus problemas, tiene más recursos para defenderse del delito y de quienes lo utilizan para prosperar. ¿Hemos conseguido resultados? Sí. No todos los que nos gustaría, pero hay signos de que avanzamos por la senda correcta. Ya quebramos la tendencia al alza de los homicidios. Como explicaré más adelante, ahora vamos por más. En estos dos años de gobierno hemos enfrentado también el gran desafío de esta generación y de las que vendrán: mitigar los efectos del calentamiento global, construir sociedades, economías e infraestructuras más resilientes, adaptarnos, y dar pasos de gigantes en la transición energética. Chile es un país altamente expuesto al cambio climático, lo sabemos por las tragedias naturales que nos ha tocado enfrentar, y por lo mismo debe dar el ejemplo en las medidas para combatirlo. Lo estamos haciendo al ponerlos a la vanguardia mundial de la protección de los océanos. Lo estamos haciendo con la sustitución de la energía fósil por energía renovable y nuestro compromiso de avanzar hacia la carbono neutralidad. Lo estamos haciendo poniendo en marcha un Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Lo estamos haciendo con nuestra producción de cobre, de Litio y de otros minerales críticos para la transición energética. Chile puede ser un líder global en la respuesta al cambio climático y en la transición a una economía verde. No tenemos derecho a dejar pasar esta oportunidad. Chilenos y chilenas: somos un eslabón de una larga historia de luchas sociales, progresos institucionales y de emprendimientos destinados a construir una mejor patria común. Es en este espíritu, de unidad y optimismo, que vengo hoy a dar cuenta ante ustedes lo que hemos logrado como gobierno y como país, las dificultades que hemos enfrentado, y lo que lograremos al finalizar mi mandato. Concentraré mi exposición en los seis propósitos que han guiado y que guían nuestra acción de gobierno: 1) Garantizar el derecho de las familias chilenas a la seguridad; 2) Crecer más y mejor, con equidad y cohesión social; 3) Avanzar hacia una sociedad de cuidados compartidos; 4) Gestar el Chile que viene desde la educación, la cultura y el deporte; 5) Alcanzar un desarrollo justo, resiliente y sostenible; y 6) Proteger y ampliar los derechos humanos y la democracia. 1. GARANTIZAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD Lo digo desde lo más profundo de mi corazón: el dolor de quienes han sido víctimas del crimen y la delincuencia es también nuestro dolor, porque es nuestra obligación como Estado brindar a las familias chilenas la seguridad para disfrutar de una vida segura y sin violencia en nuestros barrios, calles y casas. La seguridad es un derecho. Si fracasamos en garantizarlo, todos los demás derechos y libertades que nos entrega la democracia, se ven hipotecados. Por ello, la seguridad debe ser un proyecto de Estado, que comprometa a todos sus poderes, a todos los sectores políticos y a toda la ciudadanía. Lo dije al comenzar mis palabras: la delincuencia y la criminalidad organizada son nuestra principal amenaza. Para derrotarlas, debemos actuar con unidad. Unidad para controlar, perseguir y sancionar a los delincuentes; y unidad para prevenir que el crimen se expanda y penetre en las comunidades, los barrios, los jóvenes y las instituciones. No podemos quedarnos solo en la competencia cortoplacista de quién propone la medida más drástica sin enfrentar las formas y fisuras a través de las cuales el delito se reproduce en nuestra sociedad. Esa es la esencia de un gobierno progresista como el nuestro: atacar al mismo tiempo y con la misma energía las causas y las consecuencias de la criminalidad. Los homicidios son la expresión más brutal de la delincuencia, y comenzaron a aumentar en nuestro país a partir de 2016. Sin embargo, los presupuestos de seguridad, en lugar de aumentar, se estancaron e incluso disminuyeron, mientras que los proyectos de ley para robustecer la respuesta del Estado se entramparon en discusiones eternas en el Congreso. En los últimos años hemos revertido esa situación. En 2023 y 2024 los recursos para la seguridad pública han tenido los mayores aumentos presupuestarios porcentuales en ocho años. Y gracias a la colaboración de este Congreso, hemos aprobado 55 leyes en este ámbito, lo que nos ha permitido actualizar nuestra institucionalidad. Desde el retorno de la democracia, ningún otro gobierno ha publicado tantas leyes sobre seguridad como el actual. Esto nos ha permitido dotar a las instituciones de más herramientas para combatir el crimen organizado, quitar poder de fuego a las bandas y recuperar e intervenir espacios públicos para prevenir delitos. En este trabajo, la labor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública junto a Carabineros de Chile, la PDI, Gendarmería, la Fiscalía, los municipios y los gobiernos regionales ha sido fundamental. Nuestro respaldo a Carabineros y la PDI no se ha quedado en gestos y palabras. Se ha reflejado en recursos y medidas concretas. El plan de adquisiciones en curso es el mayor de la década: incluye blindados, armamento, drones, detectores de droga, reposición de la flota vehicular, nuevas tecnologías, y mejores condiciones para que las policías realicen su labor; y estamos ejecutando un centenar de proyectos de infraestructura para la seguridad en las 16 regiones de Chile. La Reforma y Modernización de las Policías es una tarea primordial. Pero para ello se requiere el compromiso de este Congreso para despachar dentro del mes de septiembre el fast track legislativo con proyectos del Pacto Fiscal que nos dejará en condiciones de financiar este programa de forma responsable, el que incluye las siguientes medidas: 1. Elevaremos estructuralmente las dotaciones policiales. Hoy se forman 2.700 funcionarios en las escuelas matrices de Carabineros. Subiremos la cifra en cerca de un 30%, sumando 800 nuevas plazas. Para la PDI, presentaremos en octubre un proyecto que modernizará la carrera policial, aumentando paulatinamente los agentes policiales desde 950 a 4000, a un ritmo de 250 funcionarios adicionales al año. 2. Segundo, reforzaremos ahora mismo el contingente de Carabineros. Vamos a adelantar la implementación de la Ley de Llamado a Servicio aprobada el año pasado. Y en esa misma línea, financiaremos el reemplazo por personal civil de 1000 carabineros que hoy desarrollan labores administrativas y de notificación para devolverlos a tareas realmente policiales. Estas dos últimas medidas significarán que durante 2025 tendremos alrededor de 1392 carabineros adicionales que estarán dedicados a tareas de control y patrullaje en las calles. 3. Otorgaremos un reconocimiento monetario más adecuado a la esforzada labor de Carabineros. El año pasado elevamos las gratificaciones de riesgo en las regiones que no recibían el tramo más alto de este beneficio. Ahora daremos un paso adicional: he decidido aumentar el monto de la gratificación de los 24 mil carabineros que trabajan en las calles en todas las regiones del país y a los efectivos de Control de Orden Público, GOPE y PPI. Este incremento llegará a representar hasta un sueldo adicional al año. Esta modalidad operará de manera provisoria mientras se elabora y aprueba en el congreso la ley de carrera de carabineros, donde incorporaremos un sistema moderno de incentivos al desempeño que reconozca el cumplimiento de metas y objetivos y permita fortalecer los mecanismos de control y evaluación de la función policial. 4. Seguiremos reforzando la formación ética y el control interno en las instituciones policiales, para que se prevengan, se castiguen y no se repitan las conductas de algunos pocos que enlodan su bien ganado prestigio. La confianza de las personas en las policías es su arma más poderosa, y debemos cuidarla celosamente. Las personas afectadas por la delincuencia demandan contar con mayor apoyo de las instituciones del Estado en la entrega de información, orientación legal y acompañamiento psicológico. Con este fin, en noviembre pasado ingresamos indicaciones y dimos impulso al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas que —si el Congreso lo tiene a bien— podría estar aprobado en septiembre. Informo al país que en 2023 fiscalizamos más de 67 mil armas, un 30% más que en 2022. Y trituramos más de 25 mil, la mayor destrucción de armas desde 1990. Cada arma decomisada y destruida es un arma que no será usada en un asalto, una balacera o un portonazo. El desarme es, desde nuestra perspectiva, condición indispensable para enfrentar la violencia delictual. También en 2023, junto a Carabineros y la PDI logramos desarticular más de 1.600 bandas criminales. A abril de este año ya son más de 500 las que han caído. También estamos implementando el primer sistema de televigilancia con inteligencia artificial en catorce comunas, lo que hará posible ubicar automóviles con orden de búsqueda. Chile cuenta hoy con la primera Política Nacional para combatir el crimen organizado con un programa presupuestario inédito. Este esfuerzo ha tenido como uno de sus puntales el Plan Calles sin Violencia, cuyo foco es detener el alza de homicidios que venía desde 2016. Como parte de ese Plan fortalecimos el trabajo de la Fiscalía para hacer más efectiva la persecución penal, con 250 nuevos profesionales contratados allí donde más se necesita. Cuando se apruebe el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público avanzaremos aún más, aumentando en 25% la dotación de fiscales. En su primer año de ejecución el Plan Calles sin Violencia logró quebrar la tendencia al alza de los homicidios reduciéndolos en un 6%. Es insuficiente, lo sé, y cada asesinato nos duele. Sé también que cambiar una tendencia no repara el dolor de los familiares de quienes han sido víctimas de un homicidio o un femicidio. Pero este logro indica que la delincuencia, por el camino que estamos siguiendo, no nos ganará la partida. Quisiera referirme a otro delito que atenta contra la seguridad pública y amenaza la democracia: la corrupción. Ninguna sociedad está exenta de faltas a la probidad: la diferencia está en cómo las enfrentan. Hace pocas semanas la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer un grave caso de colusión entre empresas que proveían gas medicinal a hospitales. ¡En plena pandemia, hubo empresas que ganaron plata de esta forma! En buena hora contamos con una institucionalidad que descubre la trampa y la lleva a la justicia. Tal como hicimos con la ley de delitos económicos de cuello y corbata, este año ingresaremos un proyecto de ley para aumentar las chances de que quienes se coluden terminen efectivamente en la cárcel. Para el gobierno de Chile nadie está sobre la ley, no importa su origen ni color político, y estos casos no pueden quedar impunes. Por ello es que, a propósito del Caso Convenios, convocamos a la Comisión Jaraquemada para regular de mejor manera la relación entre corporaciones, fundaciones y el Estado. También lanzamos la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública, que incluye 210 medidas: entre ellas están la protección al denunciante, el levantamiento del secreto bancario y el proyecto de ley de integridad en municipios. Cualquier estrategia de seguridad pública está incompleta si no incorpora la seguridad y las condiciones en las cárceles, tal como nos lo demuestra la realidad de diversos países de la región. Por ello, el segundo semestre de este año presentaré al país un plan maestro de infraestructura carcelaria. En nuestro gobierno habremos habilitado más de 5 mil nuevos cupos en cárceles, superando el compromiso que asumimos el año pasado. Y, gracias a las gestiones en nuestro período, al 2030 habremos sumado en total más de 12 mil nuevas plazas para así enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento de la misma. Esto con énfasis en los cupos de alta seguridad. Además, en el último año hemos mejorado el equipamiento de las cárceles, como por ejemplo con los inhibidores de señales telefónicas que ya están implementados en las principales cárceles de la Región Metropolitana, y que seguiremos ampliando a nuevos recintos en todo el país. No vamos a permitir que desde las prisiones se sigan planificando y cometiendo delitos. Tan importante como tener más y mejores cárceles es la reinserción con políticas reales y efectivas. Estado tiene el deber de reconocer la dignidad inherente a todas las personas, reconociendo el derecho a volver a empezar. En enero iniciaron las actividades del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en la Macrozona Norte y he mandatado al Ministerio de Justicia a formular el modelo de reinserción de adultos para lograr verdaderas opciones sociales y laborales para quienes quieren dejar atrás su trayectoria delictual. En estos dos años hemos debido priorizar el control, la persecución y la sanción de los delitos debido a la situación de incremento de la inseguridad que venía sacudiendo al país cuando llegamos al gobierno. Sin embargo, ello no significa que hayamos abandonado la tarea de la prevención. En estos dos años hemos avanzado también en esa línea. Los recursos que se entregan desde la Subsecretaría del Prevención del Delito para que las municipalidades hagan prevención han crecido en más de un 50% en nuestro gobierno, y si consideramos lo que hemos adicionado desde la SUBDERE para proyectos comunales de seguridad los recursos se triplican respecto al inicio de nuestro mandato. El incremento del Sistema de Seguridad Municipal ha permitido que durante nuestro gobierno las comunas beneficiadas aumenten de 59 a 233, y a éstas se les asigna financiamiento de acuerdo a sus necesidades, dejando atrás la lógica de los concursos para estos recursos que terminaba beneficiando a las comunas más ricas. Esto ha permitido que las comunas que cuentan con vehículos de seguridad municipal aumenten de 65% a 98%. El esfuerzo de prevención se expresa también en la recuperación de los espacios públicos para que sean lugares de encuentro de la ciudadanía Transformar calles, plazas y parques en lugares más amables y seguros para los vecinos, niños, niñas y jóvenes y personas mayores, con deporte, cultura, educación, es un eje central de la estrategia de seguridad de mi Gobierno. Es también parte esencial de una política progresista para enfrentar las causas de la delincuencia: así construimos una sociedad más cohesionada y, por ende, más segura. Me referiré a ello en específico más adelante. Solo por poner un ejemplo, el año pasado instruí transferir los recursos necesarios a los municipios para destruir cualquier memorial relacionado con el narcotráfico. Desde entonces, ya han sido demolido narcomausoleos en 15 comunas. Donde el Estado se hace presente y la ciudadanía se empodera, la delincuencia, la violencia y el miedo retroceden. En esta etapa queremos ampliar y reforzar la tarea de la prevención. Necesitamos llevarla a otro estándar y dejar de tratarla como el pariente pobre de la seguridad. Con ese propósito estamos partiendo la primera fase de dos intervenciones preventivas que serán la base de una acción más profunda del Estado en este campo. La primera actúa con los jóvenes de barrios amenazados por la criminalidad entregando factores positivos de socialización a través del deporte, la cultura y la ciencia, apoyando a los muchachos que enfrentan riesgos con la presencia de los mejores programas del Estado como Lazos y de 4 a 7. La segunda estrategia interviene en barrios para interrumpir los ciclos de violencia, desactivando las escaladas de enfrentamiento que culminan en represalias y ajustes de cuentas. Adicionalmente, en el próximo presupuesto replicaremos la buena experiencia que hemos tenido con los programas presupuestarios de combate al crimen organizado aplicándolos al ámbito de la prevención social del delito. Eso significará que las carteras de Deporte, Educación, Cultura, Desarrollo Social, Vivienda y Mujer reciban recursos a través del Ministerio de Seguridad para dedicarlos exclusivamente a las tareas de prevención del delito. Así aseguramos un trabajo integral e intersectorial que permitan abordar en serio el desafío de la prevención en seguridad. La violencia contra la mujer también es un asunto de seguridad pública. No vamos a descansar hasta que puedan sentirse tranquilas, sin tener que estar pensando en cómo escapar o defenderse de un eventual ataque; hasta que puedan trabajar y estudiar en lugares libres de abuso y de acoso; hasta que estén seguras al interior de sus hogares, sin ser víctimas de agresiones o amenazas. En vísperas del 8 de marzo, este Congreso aprobó con apoyo transversal la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Es una ley histórica, que establece los deberes del Estado en esta materia. Y es un logro compartido por millones de mujeres de todo el país, de distintas generaciones. Esta iniciativa se suma a otros avances, como la ley de protección y reparación en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, y la llamada ley Antonia, que incorpora derechos para las víctimas de violencia sexual en el transcurso de la investigación y evita su revictimización. Sé también de la inseguridad que padecen los compatriotas que viven en localidades de nuestra frontera norte. Ustedes viven en su día a día, y con mayor intensidad, los efectos del ingreso irregular de migrantes. Gracias a la reforma constitucional de infraestructura crítica y fronteras, estamos reforzando el control de la frontera norte, la cual está custodiada por las Fuerzas Armadas. En 2023 se inauguró un puesto de observación fronteriza en Colchane y un punto militar con cámaras térmicas, tecnología y habitabilidad completa. Y en febrero de 2024 finalizó el primer proceso de empadronamiento de personas extranjeras con ingreso irregular, el cual logró empadronar a 182 mil personas. Quiero aprovechar esta instancia para, mediante los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea aquí presentes, agradecer a todos los efectivos de las Fuerzas Armadas por su trabajo en terreno durante mi mandato, que ha sido fundamental tanto en situaciones de excepción constitucional como ante catástrofes ambientales. Los masivos flujos migratorios de los últimos años son un desafío global, y por eso estamos trabajando en mejorar la coordinación y cooperación internacional. Firmamos acuerdos para abordar esta tarea con Bolivia, Venezuela y Perú. Quiero ser bien claro. Quienes vienen a Chile legalmente, con la intención de aportar y contribuir al desarrollo de nuestro país, son bienvenidos. Quienes vengan a vulnerar nuestras leyes y delinquir, no. Estimados congresistas: Al término de nuestro gobierno vamos a entregar instituciones de seguridad más robustas, que incluyen un nuevo sistema de inteligencia del Estado —con un muy necesario subsistema de inteligencia económica—, funciones preventivas de los municipios; una nueva Defensoría de las Víctimas, y una Fiscalía Supraterritorial capaz que enfrentar la criminalidad más compleja. El nuevo Ministerio de Seguridad avanza decididamente en el congreso, y gracias a la labor de las y los parlamentarios hoy podemos afirmar que el próximo año en este mismo salón estará junto a nosotros un nuevo ministro o ministra de seguridad. Compatriotas, para nuestro gobierno sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia posible. Nuestro pueblo merece sentirse seguro de habitar en nuestro hermoso país, compuesto en su inmensa mayoría por gente trabajadora, esforzada y honesta, que merecen una vida tranquila. 2. CRECER MÁS Y MEJOR, CON EQUIDAD Y COHESIÓN SOCIAL Compatriotas: la convicción que ha guiado nuestro quehacer como Gobierno es que Chile debe crecer y, al mismo tiempo, distribuir su riqueza de manera más equitativa. Nuestra primera y primordial tarea fue estabilizar la economía, y asegurarnos de no trasladar los costos de este necesario ajuste a las familias. 2024 es el año en que la economía chilena se reactivó. Gracias a un trabajo responsable, junto con el Banco Central logramos bajar la inflación al 4%, hemos creado más de medio millón de nuevos empleos, estamos ejecutando una ambiciosa cartera de inversión pública y la inversión extranjera es la más alta desde 2015. A su vez, el alza del precio del cobre y la oportunidad histórica del litio nos permiten mirar el futuro con entusiasmo. Afirmamos que, una vez estabilizada la economía, despejada la incertidumbre y normalizado el orden público, vendrían cifras mejores. Algunos prefirieron el pesimismo e incluso pronosticaron una recesión. Dejemos que los datos hablen: la proyección de crecimiento para este año del Ministerio de Hacienda recientemente aumentó a 2,7%, en línea con los principales organismos nacionales e internacionales y por sobre el promedio regional. Y lo más relevante, la pobreza disminuyó a un mínimo histórico del 6,5%, por debajo de las cifras prepandemia. Estos buenos resultados económicos no son casualidad ni fruto del chorreo, sino de una acción decidida del Gobierno para estabilizar la economía, y desde allí volver a crecer con equidad y cohesión social. Hoy, entramos en una etapa de aceleración. Creemos que el Estado puede y debe jugar un rol en áreas estratégicas para aprovechar nuestras ventajas comparativas. Pero hay que hacerlo en colaboración y coordinación con el sector privado, no en competencia. Es lo que estamos realizando de distintas formas, por ejemplo, en las industrias del litio y el hidrógeno verde, y lo seguiremos haciendo allí donde sea necesario. Hemos constituido una instancia especial, el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Su primera tarea es acelerar la inversión pública, lo que hemos logrado en los primeros meses de 2024. El Gabinete ha sesionado en catorce regiones del país. En conjunto con mis ministros, nos hemos reunido con inversionistas y empresarios locales para monitorear el desarrollo de los proyectos. Pero esto no basta. He escuchado la impotencia de empresarios y emprendedores por la lentitud y muchas veces, incoherencia, de los procesos conducentes a la obtención de permisos para sus proyectos, que se han constituido en una gran traba a la inversión. Por eso estamos avanzando en la digitalización de permisos. Si hace dos años el Estado tenía alrededor de 30 permisos digitalizados hoy día ya tiene 146 y, antes de fin de año, habremos alcanzado los 200. En esta misma línea y más importante aún, encargué al ministro de Economía y a la ministra de Medio Ambiente presentar al Congreso una reforma de modernización integral al sistema de permisos. La meta es reducir en 30% los plazos efectivos de tramitación y dar certezas a todas las partes involucradas. Y en los próximos meses enviaremos indicaciones a los proyectos para mejorar el proceso de obtención de concesiones marítimas y para mejorar la institucionalidad a cargo de nuestro patrimonio. Estos proyectos de ley son parte del fast track que hemos acordado con las mesas de la Cámara y el Senado para acelerar 21 proyectos vinculados a la economía y el crecimiento. Esto incluye la modernización del sistema de notarios y registral, el fortalecimiento del transporte marítimo de carga, la ley de rentas regionales, la creación de una Agencia de Financiamiento Desarrollo y la regulación de las desaladoras, entre otros. Esperamos que pronto el país vea los frutos de este acuerdo. No habrá aceleración económica justa, diversa y sostenible sin el desarrollo de las PYMES en toda su variedad. La nueva Ley de Compras Públicas les permitirá aumentar sus ventas al Estado en alrededor de 300 millones de dólares, con foco especial en las regiones y la innovación. Además, hemos entregado nuevos recursos para el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, otorgando mayor acceso a liquidez y más capacidades para competir y crecer. Y cumpliendo con un compromiso programático, creamos el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo. Chile es visto desde el exterior como un país confiable, seguro y atractivo para invertir. Nuestras instituciones son fuertes, las reglas se cumplen y las diferencias se resuelven con más democracia. La infraestructura de nuestro país es de alto nivel, poseemos una matriz energética renovable y sostenible, hay una fuerte inversión en educación, contamos con universidades de prestigio y tenemos recursos naturales extraordinarios. No lo decimos nosotros. Lo dicen los analistas internacionales y lo revela el movimiento de capitales. De hecho, en 2023 logramos la mayor cifra de inversión extranjera directa desde 2015, con más de 21.700 millones de dólares. El riesgo país está en su nivel más bajo desde febrero de 2018. Son buenos signos que, independientemente de nuestra posición en el tablero político, no podemos dejar pasar. Quisiéramos contagiar este optimismo empresarial extranjero a la inversión nacional, donde sabemos que estamos muy por debajo de nuestras posibilidades. Que en nuestro país queden atrás las visiones pesimistas y se recupere, como en otras épocas de nuestra historia, esa iniciativa empresarial que toma riesgos, crea y emprende. Nadie los puede sustituir en esta tarea. Dicho esto, tenemos que seguir trabajando con visión de Estado en consolidar esta buena imagen de nuestro país en el extranjero, forjada en las últimas décadas, y también en fortalecer vínculos con otros países, tarea que he encargado con especial énfasis al ministro de Relaciones Exteriores. Durante mi mandato me he reunido con empresarios e inversionistas en Estados Unidos, Francia, España, Bélgica, Canadá, México y China, país con el que firmamos 13 acuerdos de cooperación el año pasado. Y este año hemos programado giras oficiales a Alemania, Suecia, India, Indonesia y Emiratos Árabes con el objetivo de afianzar lazos económicos, diversificar el origen de los capitales que generan proyectos en el país y abrir nuevos mercados para los exportadores. La entrada en vigencia de la enmienda al convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Estados Unidos y la firma de la actualización del Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea son dos grandes palancas para el fomento del comercio internacional chileno. Compatriotas, al mismo tiempo que consolidamos estos avances, no podemos perder de vista que todavía a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes y viven con lo justo, preocupados de si podrán sostenerse ante imprevistos como un accidente o una enfermedad. Hemos implementado una serie de medidas que impactan directamente a la economía de los hogares, como el Bolsillo Familiar Electrónico con el cual apoyamos a cerca de 3 millones de personas para contrarrestar el alza en los precios de los alimentos. Tras un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, este beneficio será reactivado durante los meses de invierno de este año, e inyectaremos recursos para evitar que el precio de la parafina suba de mil cincuenta pesos. El acuerdo con la CUT considera, además, un nuevo incremento al Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar que mes a mes apoyan a más de 1 millón y medio de hogares. Asimismo, estos años también ampliamos el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a más de 50 mil niñas y niños de kínder y prekínder, y aumentamos en un 40% la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES). Junto a estos apoyos directos, parte significativa de nuestras acciones han estado dirigidas a fortalecer los derechos y mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. Cuando asumimos en marzo de 2022 el salario mínimo era de 350 mil pesos. El primero de julio habremos cumplido con nuestra promesa de llegar a un salario mínimo de 500 mil pesos. Este es uno de los incrementos de sueldo mínimo más relevantes en la historia del país. Y lo conseguimos mediante el diálogo con todos los actores y sin afectar el empleo. Asimismo, tal como prometimos al país, este año cumplimos con iniciar la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Desde este año miles de trabajadores de Chile están llegando más temprano a casa para construir familia y para descansar. Este logro histórico también se alcanzó mediante el diálogo y los acuerdos. Un ejemplo es el de la empresa Fresh Day. Su fundadora y gerenta, Marisol Burgos, sabía lo que significaba faltar a eventos escolares de sus hijos por cumplir con el horario laboral. Por eso, Marisol conversó con su equipo para acordar cómo implementar las 40 horas y, de forma pionera, desde enero de 2023 todas y todos entran media hora más tarde y salen media hora más temprano. Los apoyos directos son importantes, pero no empoderan ni crean capital social. Un eje fundamental de mi Gobierno es mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, y fortalecer sus derechos. Organizaciones de trabajadoras y trabajadores fuertes y sólidas son una garantía para el diálogo social propio de una democracia sana. A lo largo de la historia, han sido las trabajadoras y los trabajadores —organizados en sindicatos, mutuales y mancomunales— quienes han empujado los cambios sociales, económicos y políticos. Como líderes señeros de esas luchas pienso en Clotario Blest, Teresa Flores, Moisés Labraña, María Rozas, y en Manuel Bustos a 25 años de su muerte. En homenaje a ellos me comprometo con el mundo sindical, tal como acordamos recientemente con la CUT, a iniciar un proceso de diálogo tripartito entre autoridades, trabajadores y empresarios, que culmine a fines de este año con la presentación al Congreso de un proyecto de ley de negociación colectiva multinivel. Esto nos permitiría extender el alcance de la negociación colectiva y otorgar mayor autonomía a las organizaciones sindicales y a los empleadores para resolver los desafíos de un mundo del trabajo que cambia rápidamente. Me dirijo especialmente a las mujeres trabajadoras para decirles que desde el primer día de Gobierno hemos trabajado para abordar las injustas desigualdades y brechas que deben enfrentar a lo largo de sus vidas. Por eso, les anuncio que este mes de junio indicaremos el proyecto de ley de equidad salarial para que las mujeres sean remuneradas en función de sus méritos y no en función de una discriminación de género. A igual trabajo, igual paga. Además, ratificamos el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso y conseguimos la aprobación de la Ley Karin. Desde ahora, trabajadoras y trabajadores están más protegidos con mecanismos para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en su espacio de trabajo. Quiero reconocer la persistencia de Claudia Salgado, quien, para que no volvieran a ocurrir casos como el de su hermana Karin, promovió la creación de esta ley. Asimismo, la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que está vigente desde este año, facilita la vida a las madres, padres y personas cuidadoras, en su mayoría mujeres. Y para fomentar el empleo femenino ingresamos a principios de mayo las indicaciones a la iniciativa de Sala Cuna para Chile que beneficiará a padres y madres por igual, pondrá fin al tope de 20 trabajadoras por empresa y, al mismo tiempo, resguardará la calidad educativa de estos establecimientos. Otra buena noticia en materia laboral es que este año se revirtió el anuncio de cierre de la Siderúrgica Huachipato. En base al análisis técnico de la Comisión Antidistorsiones se tomaron medidas para que nuestra industria del acero nacional compita en una cancha pareja. Con esto se salvaron 20 mil empleos. Les digo fuerte y claro a los sindicatos de Huachipato y al país entero: el acero tiene futuro en Chile, avanzaremos en acero verde, y lo vamos a construir juntos. Chilenas y chilenos: invertir en infraestructura pública es fundamental para el emprendimiento, el comercio, para mejorar la calidad de vida y generar buenos empleos. Durante nuestra gestión, hemos reiniciado un 65% de las obras públicas que habían sido paralizadas por la pandemia y la contracción de la economía. Adicionalmente la ministra de Obras Públicas presentó una ambiciosa cartera de concesiones al 2028 por más de 17 mil 600 millones de dólares, lo cual generará cerca de 48 mil nuevos empleos. Estamos hablando, entre otras, de la doble vía de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi, así como el teleférico que unirá a Iquique con Alto Hospicio. Estamos impulsando el proyecto Puerto Exterior San Antonio y también se firmó el Acuerdo por Valparaíso que busca la ampliación del puerto de dicha ciudad. Estos proyectos son cruciales para hacer crecer la competitividad de las empresas exportadoras e importadoras de Chile y defender nuestra posición como puerta de entrada al continente. La inversión en infraestructura pública también aborda la cultura. Con gran satisfacción anuncio que hemos retomado el trabajo para completar el Centro Cultural Gabriela Mistral como fue ideado e iniciado durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet. Vamos a cumplir con este compromiso de dotar al país de un gran centro nacional de excelencia para las artes escénicas y musicales en el eje central de nuestra capital. Y recuperaremos el tiempo perdido, pues se lo debemos a la comunidad de artistas nacionales y la sociedad chilena. Ese triángulo patrimonial de la ciudad de Santiago se convertirá en un gran complejo cultural abierto a la ciudadanía tal como fue concebido durante el gobierno del Presidente Allende en 1971. Permítanme ahora referirme a una materia de extrema urgencia. El derecho a la vivienda. A pesar de las políticas habitacionales de las últimas décadas, el país enfrenta una brecha importante en esta materia. Nos faltan 600 mil soluciones habitacionales para que todas las familias de nuestra patria tengan un lugar donde desarrollar sus proyectos de vida. Esta constatación nos condujo a implementar el Plan de Emergencia Habitacional. El objetivo es llegar a 260 mil viviendas construidas al final de mi mandato, una meta ambiciosa, pero posible. Esta es la labor a la que se ha dedicado sin descanso el ministro de Vivienda y Urbanismo, en un proceso virtuoso que genera empleo y dinamiza las economías locales. También ha trabajado en esta dirección la ministra de Bienes Nacionales, con la entrega de terrenos fiscales para alcanzar el objetivo. Hoy doy cuenta ante este Congreso que a la fecha durante nuestro gobierno hemos entregado 122 mil viviendas, y están en ejecución 120 mil más. Además, como la construcción de viviendas es una política de Estado y tal como nosotros recibimos un stock en construcción del gobierno anterior, dejaremos 100 mil viviendas en proceso de construcción para ser entregadas por el próximo gobierno. Además, hemos desarrollado otras modalidades como el programa arriendo a precio justo que ha ampliado significativamente su cobertura. Pero no basta con entregar las viviendas como si fueran un objeto aislado. Debemos construir comunidades, barrios y ciudades integradas. Por eso, como parte del Plan Ciudades Justas, en 2023 iniciamos 12 nuevos proyectos urbano-habitacionales que incluyen más de 140 hectáreas de parques en ocho regiones, como Antofagasta, Coquimbo, Los Ríos y Magallanes, y que ya han comenzado a entregarse con espacios públicos de calidad y servicios asociados. Así lo hemos conversado con los pobladores del conjunto habitacional Orlando Letelier en San Vicente, con los nuevos habitantes de la Villa Panamericana en Cerrillos o los vecinos del nuevo conjunto Clarines 10 en Coquimbo: barrios más cohesionados, donde los vecinos se conocen, protegen y llenan de vida los espacios comunes, son también barrios más seguros. Por eso, estamos financiado proyectos para recuperar espacios públicos y habilitar luminarias, pavimentos, zonas de juego y de ejercicio. Ejemplo de ello son la Villa Renacer, en Peralillo, y la plaza Los Cuncos de Renca, barrios de gente trabajadora y de esfuerzo. Además, estamos recuperando los cascos históricos de comunas como Santiago, La Serena, Coronel y Concepción. En la capital, la transformación del Eje Alameda-Providencia significará la renovación de toda la Avenida partiendo por la Plaza Italia, la remodelación del nudo Pajaritos, el rediseño del Parque Santiago Bueras y nuevas ciclovías. Hoy quiero anunciar que el MOP iniciará el diseño y la construcción de diez nuevas plazas sobre las rutas 5, 68 y Américo Vespucio, en la región Metropolitana, para cubrir las autopistas y crear nuevos espacios públicos que den mayor seguridad a las vecinas y vecinos y así las carreteras no sean a la vez cicatrices que dividen la ciudad en sus barrios más populares. Además, con este mismo proyecto público-privado, transformaremos cinco pasos bajo nivel en lugares para el deporte y el esparcimiento. Asimismo, construiremos dos comisarías de autopistas urbanas, una en Renca y la otra en el eje General Velásquez. Estas obras permiten construir o recobrar la confianza y la cooperación entre vecinos y comunidades. Lo mismo sucede con las organizaciones de barrio, deportivas y culturales, en su mayoría lideradas por dirigentas, como Roxana Pinto, de la población Huamachuco 3 de Renca, o Verónica Labarca, quien lidera comités de seguridad ciudadana del sector Gómez Carreño de Viña del Mar. Ambas nos acompañan el día de hoy: a ellas mi reconocimiento. Los recursos que moviliza el Estado también se destinan a mejorar nuestro transporte público, para que todas y todos, independientemente de si viven en grandes urbes o en zonas aisladas, tengan opciones dignas y accesibles para transportarse. Por eso invertimos en nuevas barcazas en zonas como el Lago Tagua Tagua de Cochamó y estamos realizando mejoras al transporte en buses a lo largo de Chile, como la regulación del transporte público en el Gran Concepción y las que prontamente se sumarán en Rancagua, Curicó, Talca y Temuco para fijar la frecuencia, los horarios y la tarifa, o el pago electrónico que funciona en Chillán y que se expandirá a comunas como Punta Arenas. A su vez, reafirmo nuestro compromiso de mejorar el sistema de transporte público de Valparaíso, para lo cual ya están avanzados los procesos para realizar la licitación. El año pasado, Antofagasta se convirtió en la primera ciudad fuera de Santiago en tener buses eléctricos, a la que se sumó Rancagua hace tan solo unas semanas. En 2025, las y los habitantes de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Tiltil, Lota y Osorno se podrán desplazar en buses eléctricos. Y, ese mismo año, Copiapó se convertirá en la primera ciudad de Sudamérica con el 100% de su flota conformada por buses eléctricos. Compatriotas, Como anuncié aquí en 2022, bajo este Gobierno estamos recuperando la centenaria tradición ferroviaria del país con Trenes para Chile. Esta tarea, que he encomendado al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, avanza a toda máquina: en 2023 la Empresa de Ferrocarriles del Estado alcanzó una cifra histórica de casi 65 millones de pasajeros en tren, cifra que vamos a triplicar en 2030 gracias a los futuros servicios. Como me comprometí con La Araucanía, en 2023 comenzó a operar el tren desde Pitrufquén a Temuco; cumplimos con Maule, donde hace algunos días comenzó a funcionar el tren Curicó-Talca-Linares con paradas en Molina y San Javier, y celebramos el retorno del servicio entre Santiago y Chillán con los trenes más rápidos y modernos de toda Sudamérica. Y, luego de siete años de espera, volvió el tren nocturno entre Santiago-Temuco, que operará en días festivos y vacaciones de invierno y verano. Seguiremos en esa vía: en diciembre de 2024 comenzará a operar el tren entre Llanquihue y La Paloma en Puerto Montt, con paradas en Puerto Varas y Alerce, y decidimos extender el tren en La Araucanía hasta Gorbea, que tendrá su inicio parcial en 2026 y completo en 2028. En paralelo, la licitación para el tren que une Santiago y Viña del Mar avanza a paso firme y en los plazos estipulados. Estamos invirtiendo en infraestructura y nuevos trenes para mejorar el servicio del Biotren y el tramo Limache-Puerto. También iniciamos los estudios de prefactibilidad para la nueva conexión ferroviaria entre Chillán y Concepción, así como para el tren urbano en Arica, ciudad que en 2029 celebrará el centenario de su incorporación definitiva a la República de Chile gracias al Tratado de Lima. Para que esa conmemoración se realice en grande, quiero anunciar la formación de una comisión asesora presidencial, con fuerte trabajo en la región, para que prepare un completo programa de actividades por el bicentenario del tratado. Si nos estuvieran mirando desde su lugar en la historia, Manuel Montt y José Manuel Balmaceda, los grandes precursores de los ferrocarriles en Chile a mediados del siglo XIX, verían satisfechos que estemos actualizando su legado: la red ferroviaria como eje de la integración territorial y social. En la Región Metropolitana, el Metro es un eje estructural de la conectividad. En 2023 inauguramos la extensión de la Línea 2 que beneficia a compatriotas de El Bosque, San Bernardo, La Cisterna, y este año inauguramos la extensión de la Línea 3, que facilita el transporte de vecinas y vecinos de Quilicura. También iniciamos las obras para extender la Línea 6, con una nueva estación en Cerrillos que conectará con el Tren a Melipilla; y decidimos extender el trazado de la futura Línea 9, con la cual Metro pasará por primera vez por La Legua, La Pintana y Bajos de Mena, beneficiando a más de 2 millones de personas. Además, iniciamos la construcción de la futura Línea 7 con una moderna tecnología que reducirá el tiempo de las obras. Cuando el Metro crece nos sentimos orgullosos porque estamos conectando a millones de chilenos. Estimados compatriotas, Las familias chilenas requieren un mayor apoyo. Para enfrentar sus urgencias y prioridades de manera sostenible en el tiempo, necesitamos que más recursos del crecimiento económico se destinen a sus necesidades. Y eso es lo que hemos hecho. Tras largos años de discusión, Chile tiene por fin una ley de Royalty Minero que distribuirá recursos nuevos por cerca de 450 millones de dólares desde la minería del cobre para necesidades sociales. Si el cobre es el sueldo de Chile, debe llegar a todos sus rincones. Es así como, al día de hoy, más de 93 mil millones de pesos del royalty ya se están distribuyendo directamente a las comunas donde la actividad minera tiene impacto; y también a las 307 comunas donde se requieren más recursos, como Alto Hospicio, Monte Patria, Quilpué, Parral, La Unión, Carahue o Porvenir. Esto se traducirá en más luminarias, áreas verdes, refuerzos a la seguridad local y más recursos para actividades deportivas y culturales. El Royalty es un gran ejemplo de cómo podemos avanzar, pero no es suficiente. Chile necesita más recursos para responder a las familias que siguen necesitando un Estado más eficiente contra la delincuencia, una reducción de los tiempos de espera en salud y mejorar la Pensión Garantizada Universal. Por ello, tras el rechazo de la reforma tributaria en marzo de 2023, y luego de escuchar las voces de todos los sectores políticos, organizaciones y expertos, presenté a la ciudadanía y a este Congreso Nacional un Pacto Fiscal por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. No es una simple alza de impuestos: es una agenda integral para alcanzar un sistema tributario más moderno, justo, transparente y verde, con medidas de eficiencia del Estado e impulso al crecimiento, para así generar recursos adicionales y usarlos de modo más eficaz Muchas de estas medidas ya están en marcha o en proceso, como el proyecto de ley de cumplimiento tributario para enfrentar con firmeza el abuso y la evasión, que ya fue aprobado en la Cámara y actualmente está en el Senado. Seamos claros: la economía chilena no soportaría una nueva ola de gasto público sin el financiamiento adecuado, y la ciudadanía no soportará más expectativas frustradas o promesas incumplidas. Por eso, invitamos a todas y todos los miembros del Congreso a flexibilizar posiciones para encontrar fórmulas para que quienes tenemos más recursos paguemos más. Es tan simple y justo como esto. Ese es el objetivo del proyecto de reforma al impuesto a la renta que enviaremos próximamente al Congreso. Chilenas y chilenos: Lo más difícil en materia económica ya pasó. Vencimos la inflación, pusimos las cuentas en orden, sorteamos las divisiones surgidas del proceso constitucional, aumenta la inversión extranjera, y el mundo requiere de nuestro cobre, litio, frutas y alimentos, productos forestales, pesca, hidrógeno verde y minerales críticos. Tenemos motivos para mirar el futuro con renovada esperanza. Al finalizar nuestro mandato la economía chilena habrá crecido anualmente por encima del promedio de los ocho años anteriores, habrá generado más de 700 mil empleos, se habrá reducido la pobreza, las tasas de informalidad serán menores que cuando comenzamos, y habremos frenado el crecimiento de la deuda pública. Me pueden cobrar la palabra. 3. UN CHILE QUE CUIDA Y PROTEGE PARA VIVIR MEJOR Compatriotas: El cimiento de nuestra vida en común son esas personas muchas veces invisibilizadas que con dedicación y esfuerzo preparan la comida, lavan la ropa, hacen el aseo, educan, cuidan la salud y apoyan a familiares con discapacidad, acompañan a las personas mayores, protegen y crían a los niños. Son en su mayoría mujeres, que realizan una labor fundamental muchas veces solitaria y poco reconocida, a veces agobiante, que en muchos casos implica postergar la vida personal. Son ellas las que sostienen el andamiaje de nuestra comunidad. Estos cuidados son los que hacen posible que otros trabajen y estudien, y en conjunto producen el crecimiento económico y el desarrollo del país. En una sociedad que envejece es crucial que asumamos la responsabilidad de los cuidados de manera colectiva. Reconocer el cuidado como un trabajo y un derecho es tanto un acto de justicia como una necesidad social. También lo es avanzar en corresponsabilidad. Dimos los primeros pasos en 2022 y 2023 y seguiremos ahora avanzando en la misma dirección. Creamos el Registro Nacional de Personas Cuidadoras y la credencial de persona cuidadora, que ya tiene más de 100 mil inscripciones, lo que les da el derecho a acceder de manera preferente a diversos servicios y trámites del Estado. Abrimos y construimos nuevos centros diurnos y residencias para personas mayores. Y aumentamos un 25% el presupuesto para los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que nos permitirá extender la cobertura de la Red Local de Apoyo y Cuidados a 46 nuevas comunas. Nos alegran estos avances, pero tenemos que ir más lejos: queremos erigir los cuidados como un cuarto pilar de la protección social —junto a la salud, la educación y las pensiones—, que nutra la sociedad del bienestar que estamos construyendo. Le he pedido a la ministra de Desarrollo Social priorizar esta tarea. Con este objetivo, hoy tengo la alegría de anunciar la puesta en marcha del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida. Con esta iniciativa le decimos a las personas cuidadoras y a las que requieren cuidados que no están solas, que la sociedad en su conjunto, que el Estado, se compromete, las reconoce y apoya. Hoy, los programas públicos de apoyo a personas que necesitan cuidados están dispersos, son insuficientes y no abordan el fenómeno de manera integral. Por ello Chile Cuida articulará y ampliará los actuales servicios, incorporará a las personas cuidadoras y dispondrá de recursos para ir expandiéndose progresivamente. Dispondremos gradualmente de aquí al 2026 recursos para apoyar en sus hogares a las 75 mil personas con dependencia severa registradas en el país y aliviar la carga de sus cuidadoras. El sistema Chile Cuida entregará atención a personas como la señora Cristina Tarifeño, de Independencia, que nos acompaña hoy. Cristina cuida a su esposo Jorge, quien tiene Alzheimer. Ella, como muchas mujeres cuidadoras, desempeña esta ardua e importante tarea en silencio, probablemente dejando muchas cosas de su propia vida de lado. Este sistema le entregará reconocimiento social a esta tarea. Con su entrada en funcionamiento, Cristina ya no tendrá más que ir de oficina en oficina para acceder a programas y beneficios sociales: una ventanilla única municipal atenderá sus trámites. Al acceder a Chile Cuida, Cristina recibirá la credencial que la reconoce como cuidadora y tendrá acceso preferente a diversos servicios públicos. Además, se le entregará un kit con elementos de autocuidado, tendrá acceso gratuito a atenciones de salud mental por teleasistencia y será parte de una red de cuidadoras, que permitirá terminar con la soledad y el aislamiento de quienes dedican sus días completos a esta labor. Las familias como las de Cristina y Jorge serán atendidas en su casa por profesionales de Chile Cuida, como ya lo hacen en Independencia, a través de la Red Local de Apoyos y Cuidados. Este equipo entrega atenciones a Jorge, lo que le permite a Cristina tener el tiempo y la tranquilidad para cuidar de sí misma, descansar o ver a alguna amiga. Quiero contarles que, para fortalecer las redes de colaboración que se tejen a nivel barrial, construiremos Centros Comunitarios de Cuidados a lo largo de todo Chile, partiendo por Arica y Puerto Saavedra, y siguiendo en lugares como Monte Patria, Cerro Navia, Padre Las Casas o Illapel. Cuando termine nuestro gobierno habremos llegado a 100 de estos Centros. En ellos personas cuidadoras como Cristina podrán acceder a operativos móviles de servicios públicos, talleres de emprendimiento y actividades de ocio, mientras que profesionales atenderán a quienes requieren cuidados. Para consolidar y proyectar Chile Cuida, en los próximos días presentaremos un proyecto de ley que dotará de un marco institucional al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y reconocerá y garantizará progresivamente el derecho al cuidado, con especial protección a las personas en situación de dependencia y a quienes les cuidan. Confío plenamente en que recibirá un respaldo amplio, pues este es un tema crucial para nuestro país y su futuro. No estamos partiendo de cero. Retomamos el camino y avanzamos en la ruta trazada por los programas Chile Solidario y Chile Crece Contigo, para profundizarlos y entregarle al país un sistema nacional e integral que redefina el rol del Estado en materia de cuidados. Así valoramos y llevamos más allá las políticas sociales impulsadas por el presidente Ricardo Lagos y la presidenta Michelle Bachelet. Una sociedad del cuidado requiere que las familias se sientan apoyadas tanto en sus vulnerabilidades como en el desarrollo de sus proyectos de vida. Ya aseguramos la inclusión de personas con trastorno del espectro autista gracias a la ley TEA, lo que ha significado formar y capacitar equipos multidisciplinarios para la detección temprana y atención integral de niños, niñas y sus familias. Sin embargo debo decirles que no estoy conforme con el estado de implementación de esta ley. Hay aún muchos déficits que subsanar, tal como me lo manifestaron desde la Fundación Inclusión Azul y la Corporación de Padres y Familiares Autismo Rancagua, con ocasión de la puesta en marcha del nuevo centro Teletón de la región de O’Higgins. He mandatado a los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social a revisar en detalle el funcionamiento de la ley, los recursos destinados a ella y a poner más esfuerzo en su correcta y oportuna aplicación. Celebro el acuerdo que permitió mejorar la Ley Sanna. Gracias a ella, madres y padres tienen la tranquilidad de poder acompañar a sus hijos e hijas menores de 5 años que padecen enfermedades graves que requieren hospitalización en UCI o UTI. Son familias que podrán cuidar a sus hijos sin temor a perder su trabajo. Hemos dado un paso importante en justicia para las madres y sus hijos e hijas. Hace un año entró en vigencia la Ley de Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Porque una madre que cría sola, sin apoyo económico para la mantención y cuidado de sus hijos, es una madre que paga extra en deudas y empobrecimiento por la irresponsabilidad y el abandono de otro. Quienes incumplen sus obligaciones más básicas con sus hijos no son “papitos o mamitas corazón”. Digámoslo con todas sus letras: lo suyo es abandono parental. Esta realidad bien la conoce Claudia Astudillo, quien debió salir adelante sola junto a sus hijas Agustina y Matilde, y que gracias a esta ley por fin pudo cobrar una deuda que se había acumulado por demasiado tiempo. Hoy el Estado de Chile se hace parte de este problema y facilita el pago de las pensiones adeudadas, identificando en bancos e instrumentos de ahorro y cotización dónde hay ingresos y montos para pagar. Puedo informar que en 12 meses se han pagado más de 300 mil millones de pesos en deudas de alimentos. A pocos días de iniciado nuestro Gobierno, asumimos el desafío de implementar la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Las nuevas Oficinas Locales de la Niñez desempeñan un papel fundamental en la prevención y entrega oportuna de atenciones a los niños y niñas y sus familias. Ya hemos instalado 199 oficinas, y este año sumaremos otras 70. Nos hemos comprometido a completar su habilitación en cada comuna del país para el año 2025, esto es dos años antes de lo estipulado por la ley, y vamos a cumplir. Este año, por primera vez, el Subsidio Único Familiar comenzó a entregarse de forma automática a hijas e hijos de las familias del 40% de menores ingresos sin necesidad de postular. Este avance histórico ha permitido que más de 390 mil niñas, niños y adolescentes accedan a este beneficio, contribuyendo a combatir la pobreza infantil. Si bien hemos avanzado desde el antiguo SENAME y hoy estamos enfocados en fortalecer el nuevo Sistema de Protección Especializada, la situación de los niños y niñas que están bajo protección del Estado sigue siendo dolorosa. Para revertir esta realidad, nos hemos propuesto consolidar y ampliar programas como Familias de Acogida, iniciativa que tengo la suerte de conocer y vivir muy de cerca. Con esto vamos a incrementar el número de niños y niñas que están al amparo de familias que les entregan un lugar seguro y cálido para retomar el curso de sus vidas. No solo eso. Los abusos que sufrieron niños y niñas en el SENAME es un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia reciente, respecto del cual la sociedad exige respuestas. Con este fin anuncio la creación de la Comisión especial para determinar toda la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del SENAME y establecer las justas medidas de reparación que correspondan, la que contará con el apoyo de Unicef y de la Defensoría de la Niñez. Siguiendo en materia de infancia, introdujimos modificaciones al proyecto de ley que establece un nuevo sistema de adopciones con menores tiempos de espera, gratuito, con un adecuado seguimiento y apoyo a las familias adoptivas. Llamo a este Congreso a aprobar con urgencia este proyecto, que lleva más de 10 años estancado, para que sea despachado este año. Chilenas y chilenos: hace solo un mes había gran incertidumbre sobre lo que ocurriría ante la obligación de las isapres de cumplir el fallo de la Corte Suprema respecto de los cobros abusivos que durante años realizaron a sus afiliados. Priorizando la protección de la salud de las personas, Gobierno y Congreso alcanzamos un acuerdo que evita cualquier tipo de perdonazo, otorga estabilidad al sistema de salud y robustece a Fonasa. La mencionada ley crea una nueva Modalidad de Cobertura Complementaria que dará a los afiliados a Fonasa más opciones y mejores condiciones si desean atenderse con prestadores privados. Esto ofrecerá nuevos recursos para mejorar el acceso a la salud de quienes estamos en Fonasa, es decir, 8 de cada 10 chilenos. Conozco de primera mano la demanda por ampliar la red de hospitales públicos. Este año estarán operativos 7 nuevos hospitales para los habitantes de Alto Hospicio, San Antonio, Casablanca, Curicó, Lonquimay, Villarrica y Quellón. En marzo de 2026 contaremos con los nuevos recintos de Huasco, Putaendo, Quillota, Petorca, Collipulli, Makewe-Padre Las Casas, Carahue, Queilén, Chile Chico y Ancud. Hemos mejorado la gestión hospitalaria con los Centros Regionales de Resolución para apoyar la realización de las cirugías más frecuentes de la lista de espera. Así, en 2023 se alcanzó la cifra más alta de intervenciones quirúrgicas mayores electivas en la historia del sistema público chileno. Pero sé que debemos acelerar más las respuestas. Por eso, he instruido que se destinen 28 mil millones de pesos que aumentarán la productividad y la eficiencia en el sistema público. Así podremos realizar 16 mil nuevas cirugías mayores ambulatorias, 4.600 cirugías menores y 1.300 cirugías complejas traumatológicas y neuroquirúrgicas con prestadores privados, que, junto a las 8 mil nuevas cirugías a través de la modalidad de licitación de Fonasa, nos permiten llegar s a casi 30 mil nuevas cirugías para personas en listas de espera. Junto a ello, destinaremos recursos para 100 mil consultas de oftalmología y otorrinolaringología. Como seguramente saben, estas son las primeras causas de espera en el sector público. Sin embargo, todo esto sigue siendo insuficiente para la magnitud del problema y la angustia de quien sigue esperando por una operación o una atención de especialista. Para enfrentar este desafío se requiere mejorar mucho más la productividad, aumentar la formación de especialistas y disponer de aún más recursos. Mi gobierno tiene un fuerte compromiso con la salud mental. Creamos la línea telefónica 4141 de prevención del suicidio y estamos habilitando nuevos Cosam en comunas como Copiapó y Puerto Aysén. Este mes enviaré al Congreso el proyecto de ley de salud mental integral que aborde esta materia como un compromiso de Estado. Como sociedad, debemos hablar de salud mental, reconocer su importancia y hacernos cargo de la gran aflicción que miles de chilenos viven hoy muchas veces en silencio por el temor a la discriminación. Como saben, hace unos días me reuní con Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, quien caminó desde Chiloé hasta La Moneda con el objetivo de financiar el tratamiento para su hijo con la enfermedad de Duchenne. En este caso particular, hemos dispuesto que las donaciones recibidas por la familia de Tomás no paguen impuestos. Pero no queremos que cada madre o padre tenga que vivir con angustia ante una enfermedad de su hijo que no está cubierta por el GES o por la Ley Ricarte Soto. Primero, presentamos indicaciones al proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes para definir estas enfermedades; generar un registro nacional de personas que las padecen, y crear una comisión técnica integrada por diversos actores que asesore al respecto. Además, este 2024 entrará en vigencia el decreto que incorporará tres nuevos medicamentos a la ley Ricarte Soto. Y desde 2025 se ampliará el Programa de Pesquisa Neonatal, para así detectar condiciones tempranamente que tienen tratamiento, y con ello evitar o moderar el daño que estas pueden causar. He contado en otras ocasiones que como Presidente recibo cartas de personas de todo Chile. Susana Moreira, por ejemplo, me escribió para compartirme lo que significa padecer a diario dolores físicos atroces por una distrofia muscular que no le permite tener una vida digna. En su carta, Susana me solicita que autorice su muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente. Les debemos una respuesta a quienes sufren enfermedades terminales e incurables, que conllevan una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades, con sufrimientos físicos persistentes e intolerables que no se pueden aliviar, y que él o la paciente considera inaceptables. Susana: lo que me pides no está dentro de mis atribuciones, pero en tu nombre y en los de tantos otros invito a este Congreso a no evitar este debate. Por ello, anuncio que pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está en el Senado. Aprobar esta ley es un acto de empatía, respeto y responsabilidad. En materia de derechos sexuales y reproductivos, en septiembre de 2017 la presidenta Bachelet promulgó la ley 21.030 que permitió el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Han pasado siete años y, con ese tiempo prudente de evaluación, hemos decidido mejorar su aplicación. Así, hemos ingresado a la Contraloría General de la República un nuevo reglamento para esta ley. Con ello, buscamos garantizar que la población conozca sus opciones; asegurar el acceso a un derecho establecido en la ley; que la objeción de conciencia personal no obstaculice el aborto en estas tres causales; y que el lugar donde se viva y la capacidad de pago no sean una barrera y que la atención sea oportuna. Dicho esto, como Presidente de la República, estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por eso es que, durante el segundo semestre de este año, ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente, siempre con el compromiso que anima a nuestro gobierno: avanzar y no retroceder. Las mujeres de Chile se lo merecen. Podemos retribuir a quienes nos cuidan. Podemos mejorar nuestro sistema de salud. Pero francamente Chile no será una comunidad si no entregamos pensiones dignas para la vejez. Si hay un sector de la población que no puede seguir esperando a que, por fin, algún día, los políticos nos pongamos de acuerdo, es el que está en la última etapa de su vida. Tenemos que ser capaces de mejorar las pensiones antes que las personas mueran esperando. Esa es una prioridad evidente, una urgencia insoslayable. Más de la mitad de las y los jubilados de Chile viven con una pensión menor a 230 mil pesos, pese a tener la PGU. Es una inmoralidad. ¿Será posible ponernos de acuerdo en esta materia? ¡Por supuesto que sí! Lo conseguimos en materia de Royalty, 40 horas e isapres, donde todos cedimos para encontrar una solución ¿Por qué no podemos lograrlo con las pensiones? Los invito, con humildad, a ponerse en los zapatos de quienes han esperado años y siguen con una pensión miserable que no les garantiza una vida digna, y de una vez por todas cerrar un acuerdo. Los jubilados y jubiladas hoy nos están mirando y no pueden seguir esperando. 4. DONDE SE GESTA EL CHILE QUE VIENE: EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Compatriotas, una sociedad del bienestar requiere de una educación pública robusta. El Estado debe resguardar el derecho a una educación de calidad, para así prevenir desigualdades que después son tan difíciles de revertir. Por eso es que a inicios de mayo lanzamos la Agenda Sala Cuna para Chile, que busca fortalecer la educación parvularia, promover la corresponsabilidad y el empleo femenino. En este marco presentamos un nuevo proyecto de ley de sala cuna, y enviamos un proyecto de Modernización de la Educación Parvularia. En 2017, por iniciativa de la presidenta Bachelet, este Congreso protagonizó un amplio debate que culminó con la creación de un nuevo sistema de educación pública. El propósito, compartido de forma transversal, era superar las brechas educativas que generó la administración municipal de la educación y avanzar hacia una educación pública de calidad, inclusiva e integral. La ejecución de la nueva ley significó la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública, los SLEP, con el objetivo de mejorar la educación de niñas, niños y adolescentes. Como lo señala el Informe del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, la mayoría de los SLEP muestran señales de ir en la dirección correcta. De hecho, los estudiantes de sus establecimientos han mejorado su rendimiento en una proporción mayor que el resto del sistema educativo. El caso del SLEP Atacama, que tuvo una profunda crisis que fue motivo de justificado enojo y protesta, es una excepción, no la regla. Sus dificultades, sin embargo, se han ido superando paso a paso, aunque la demora en concretar las soluciones ha tomado más tiempo del que considero razonable. Tenemos que poner más esfuerzo en la tarea. Mi gobierno no dará marcha atrás en el camino hacia una nueva educación pública para Chile. En una materia tan compleja y sensible, no podemos dejarnos llevar por el catastrofismo ni la improvisación. Nos aseguraremos de que todos los servicios locales tengan los recursos y la infraestructura necesaria para funcionar adecuadamente. No debemos olvidar que aún seguimos afrontando las consecuencias de la pandemia, que se tradujo en deserción, ausentismo, pérdida de aprendizajes, aumento de desigualdad y empeoramiento de la salud mental. Por eso mandaté al ministro de Educación a reforzar y ampliar nuestro Plan de Reactivación Educativa, que en 2023 acompañó a casi 65 mil niños y niñas que estaban en alto riesgo de deserción escolar o fuera del sistema educativo, como gobierno revinculamos a 17 mil que estaban fuera. Un solo niño que no tenga acceso a la educación es una herida para la sociedad entera y debe movilizarnos con sentido de urgencia para solucionarlo. Para abordar uno de los efectos más dolorosos de la pandemia en las escuelas, la violencia, pusimos en marcha el programa A Convivir se Aprende, que entrega apoyo y formación a las comunidades escolares para construir espacios cálidos y respetuosos para el aprendizaje. En los próximos días enviaremos un proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas que recoge, entre otros contenidos, el proyecto José Matías a quien, gracias a la infatigable lucha de su madre, no hemos olvidado. También queremos proteger a nuestros equipos educativos, en memoria de la sensible muerte de la profesora Katherine Yoma. Así, nuestro proyecto abordará de forma sistémica acciones orientadas a prevenir hechos de violencia, acoso y discriminación. Una educación de calidad necesita cimientos adecuados. Entre 2022 y 2024 hemos destinado 300 mil millones de pesos para financiar proyectos de infraestructura en recintos educativos de todo el país y estamos trabajando por hacer crecer estos recursos en los dos años que nos restan. Y es que cada vez que veo el brillo en los ojos y orgullo de los estudiantes, profesores y comunidad escolar por una escuela que mejora, como en la Jerónimo Lagos de San Javier, Ignacio Carrera Pinto de Quilpué o la escuela rural Huyar Alto de Curaco de Vélez, me confirma que esta es una inversión valiosa e indispensable para nuestro país. Pero la educación no son solo recursos o infraestructura. Para fortalecer una educación integral que permita responder a los desafíos de la sociedad, debemos preguntarnos qué educamos y cómo lo hacemos, actualizándonos a los desafiantes tiempos de radical y veloz cambio tecnológico que vivimos. Por ello, convocamos a un Congreso Pedagógico y Curricular, en el que participaron más de 800 mil personas en el país, más de 570 mil niños, niñas y jóvenes, que compartieron su mirada sobre qué, cómo, cuándo y dónde quieren aprender, incorporando robótica, cultura, arte, salidas a terreno, visitas a empresas y servicios públicos, relacionándose con su entorno. Con estos resultados, junto a otras fuentes de evidencia, estamos trabajando en una actualización y flexibilización del currículum nacional. En las semanas previas a esta Cuenta Pública se ha abierto un amplio debate sobre el financiamiento de la educación superior. Ya es tiempo de que alcancemos una solución permanente. El Crédito con Aval del Estado ha sido una política que cumplió un rol en el acceso a la educación superior en las últimas décadas, pero adolecía de graves falencias. Por eso, junto con la política de gratuidad, Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior. En septiembre ingresaremos al Congreso un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario. Este dará una solución progresiva y justa a los deudores y reconocerá especialmente a quienes han cumplido con sus deberes de pago y a quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los actuales deudores. Este proyecto será gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del Pacto Fiscal. Quiero referirme también a otro tema que por demasiados años venimos postergando. Me refiero a la llamada deuda histórica con las y los profesores de Chile. En marzo me reuní con el Colegio de Profesores para tratar esto: mi compromiso es enviar un proyecto de ley, cuyo financiamiento será gradual y no estará sujeto al Pacto Fiscal, que ofrecerá una reparación a todos los afectados por esta deuda, partiendo por los mayores de 80 años. La educación no se desarrolla sólo en las aulas y la escuela. Se despliega también en las familias y la sociedad, así como en la cultura y las artes. Pero ¿qué entendemos por cultura? La cultura es la construcción de una identidad compartida, en donde dialogan visiones, interpretaciones y relatos acerca de lo que nos ocurre, preocupa y anima como personas y como comunidad. La cultura es el espíritu de un pueblo y como tal debemos preguntarnos cómo ésta influye en nuestra cotidianeidad, en nuestras relaciones sociales, en nuestra interacción con el mundo. Son las y los artistas, cultores y gestores culturales quienes trabajan por mantener viva nuestra cultura, pero no solos, sino en conjunto con el apoyo del Estado y la sociedad civil en todas sus formas. La cultura es a la vez una forma de preservar nuestra identidad compartida y también una herramienta de transformación social. En cultura nos queda mucho por hacer para estar a la altura. Por lo mismo he encargado a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hacer realidad el compromiso presupuestario del 1%, lo que supone un aumento muy significativo de recursos en los próximos dos años. Esto permitirá, por ejemplo, entregar financiamiento directo a ferias, festivales y agrupaciones de trayectoria probada, como la Orquesta de Niños del Altiplano en Antofagasta, el festival de Jazz en Valparaíso, la Bibliolancha en Chiloé, la Furia del Libro en Santiago, Cielos del Infinito en Magallanes, Teatro Puerto en Coquimbo, o el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Con estos recursos ampliaremos también la oferta de cultura al servicio de recuperar barrios, mejoraremos la red pública de bibliotecas y museos, y protegeremos nuestro patrimonio material e inmaterial. Además, con el objetivo de promover el ejercicio de los derechos culturales, y siguiendo el ejemplo español, crearemos un pase cultural que se entregará a los jóvenes que fueron o son estudiantes prioritarios al cumplir 18 años y para las personas mayores que tienen la PGU al cumplir 65 años. Este pase entregará 50 mil pesos para utilizarlos en salas de cine, teatro o librerías. Este 2024 además decidimos dar un impulso a las industrias creativas con el regreso, tras seis años inactivo, del Fondo de Banco Estado para el Fomento del Cine Chileno que se extenderá por primera vez al teatro. Y presentamos una ley que establece beneficios tributarios a empresas extranjeras para posicionar a Chile como un lugar atractivo para las producciones y coproducciones audiovisuales de series, películas y documentales. Televisión Nacional de Chile es el canal de todas y todos los chilenos. Es por ello que durante el mes de junio, enviaremos al Congreso Nacional indicaciones a un proyecto de ley que incluya un fondo de reserva para la modernización del canal estatal. Esto permitirá fortalecer sus centros regionales, su canal cultural e infantil y su señal internacional, innovando además con la creación de una radio pública, el desarrollo de su formato multiplataforma y a la promoción del desarrollo de la industria audiovisual, entre otras. Y en libertad de expresión, avanzamos en la protección de quienes ejercen el periodismo y las comunicaciones con un proyecto de ley cuya aprobación será un logro inédito para Chile y para sus periodistas. En 2023 Chile vivió un momento de excepcional alegría y orgullo nacional con los Juegos Santiago 2023, el evento multideportivo más grande de nuestra historia, que nos deja como legado una gran infraestructura deportiva y sobre todo generaciones enteras motivadas por el deporte. También dejaron en alto el nombre de Chile los de voluntarios y voluntarias que con gran compromiso y compañerismo permitieron el exitoso desarrollo de los Juegos. Es el caso de Mariana Recabarren, de Maipú, quien con 70 años colaboró en competencias de atletismo, vóleibol, entre otras tareas, y vivió con gran alegría el cariño de la gente que la veía con su chaqueta de voluntaria. Nos la seguiremos jugando por el deporte. Este año seremos sede del Sudamericano de Básquetbol Femenino y el próximo de la Americup. En 2025 Chile será sede del Mundial de Fútbol Masculino Sub 20 y también del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI. Además, ya ha sido confirmado que en 2027 seremos los anfitriones de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, un hito histórico en materia de inclusión. Nuestro país tiene las condiciones de organización, la capacidad de gestión y el liderazgo internacional para organizar eventos deportivos de nivel mundial. Por eso, anuncio que iniciaremos el camino para que Chile sea por primera vez en su historia, candidato a sede de los Juegos Olímpicos 2036. Para ello, el ministro del Deporte ya ha formalizado ante el Comité Olímpico de Chile nuestra disposición para iniciar el proceso de postulación de nuestra sede con miras al 2036. Sabemos que no será fácil, pero tal como la generación del 62, los invito a soñar alto y unirnos en este hermoso desafío de ser por primera vez anfitriones de unos Juegos Olímpicos. El deporte también debe estar presente en nuestro día a día. Por ello, recogiendo una iniciativa parlamentaria, impulsaremos la promoción de la actividad física en los establecimientos educacionales del país durante una hora al día dentro de la actual jornada escolar. Con esta medida, que en caso alguno reemplazará la asignatura de educación física y salud, abordamos un importante mandato de salud pública: reducir el estilo de vida sedentario que incide negativamente en el aumento de población con sobrepeso y obesidad, que aqueja a parte importante de nuestra población y cuyos primeros indicios asoman en la etapa escolar. Con una educación de calidad al alcance de todas las familias chilenas, una cultura vibrante, una creación artística libre y una actividad deportiva accesible a todos los niveles, estaremos gestando la sociedad del futuro, basada en la colaboración, la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto de nuestras diferencias. 5. UN DESARROLLO JUSTO, RESILIENTE Y SOSTENIBLE En el Chile de hoy, algunos parecieran creer que el pesimismo es signo de madurez e inteligencia y ven el país solo desde un prisma negativo. Me rebelo contra ese fatalismo que luego se convierte en una profecía autocumplida. No soy del coro de los pesimistas sino del de los esperanzados. Y es que recorriendo nuestra patria y hablando de Chile fuera de nuestras fronteras he podido constatar que tenemos un potencial inigualable gracias a la fuerza y sabiduría de nuestro pueblo, y la solidez de nuestras instituciones. Pero no solo eso: disponemos además de una relativa abundancia de materias primas para la necesaria transición energética que ya ha comenzado en el planeta, como son las energías renovables, el cobre y el litio. Hoy nos preguntamos: ¿podremos aprovechar esta riqueza en todo su potencial para que el país se desarrolle y las y los chilenos tengan un futuro más digno? Nuestra respuesta es sí. Al llegar al gobierno comprometí cambios profundos, de forma gradual y ordenada. Eso es justamente lo que está logrando la Estrategia Nacional del Litio. Cuando finalice nuestro mandato, se estarán desarrollando diversos proyectos de inversión público-privada que permitirán más que duplicar la producción de litio en una década y estará funcionando el Instituto Nacional del Litio y el Salar con sede en las regiones de Antofagasta y Atacama. Además, habremos desplegado la política de conservación más ambiciosa en este ámbito, protegiendo más de un 30% de la superficie de salares del país. Chile liderará la transición a tecnologías de producción con menor impacto ambiental. Y estamos trabajando para instalar las primeras plantas de producción de cátodos de litio del país, con lo que aumentará el valor agregado de nuestra industria. Esta estrategia involucra constante diálogo social y protagonismo de comunidades. Todo esto está pasando hoy y prueba de ello es que hace pocas horas se suscribió el Acuerdo de Asociación entre Codelco y SQM que consolidará a nuestro país como uno de los principales productores de litio en el mundo. Chile tendrá el control de la fuente de producción de litio más grande del planeta, y la mayoría accionaria de la nueva asociación estará en manos del Estado de Chile a través de Codelco. Hablamos de cifras realmente importantes. El Estado de Chile, a través de Codelco, Corfo y el Fisco, recibirá aproximadamente 70% del margen operacional que genere la nueva producción entre 2025 y 2030. En tanto, a partir del 1 de enero de 2031, por las mismas vías el Estado de Chile recibirá 85% del margen operacional. Por eso, hoy les invito a celebrar juntos, sin distinciones, una noticia que augura un mejor futuro a todos los chilenos, en especial a las nuevas generaciones. Es un triunfo de Chile, no de un gobierno en particular. Con todo, la minería del cobre es y sigue siendo un puntal de nuestro desarrollo. Codelco, en un contexto de alta demanda y muy buen precio, se ha puesto la meta de aumentar su producción de mediano plazo para lo que ha sido necesario realizar proyectos estructurales difíciles y postergados por demasiado tiempo. A 2030, la estatal sólo trabajará con energías renovables. Así, Codelco seguirá siendo una empresa que enorgullece y prestigia a Chile. Y porque queremos aumentar el valor de lo que exportamos, quiero reafirmar aquí mi compromiso de entregar a la región de Atacama y a Chile entero una nueva y moderna fundición de cobre. Como ya lo señalé, Chile está también a la vanguardia en energías renovables, gracias a una política de Estado que trasciende gobiernos. El primer trimestre de este año el 41% de la generación eléctrica del país provino de estas fuentes. El mundo entero nos admira por este logro. La transformación de la matriz energética nos ha permitido estar en la avanzada del desarrollo del hidrógeno verde, que se produce con energía solar o eólica y se utiliza para fabricar combustibles no contaminantes. Esta industria ya está desplegándose, con múltiples proyectos especialmente en Antofagasta y Magallanes y con aplicaciones que tienen un impacto en la vida y oportunidades laborales de chilenas y chilenos. Silvana Cárdenas, ingeniera nacida en Magallanes, encontró en la planta Haru Oni una oportunidad para aportar al país desde su región y ser parte de un gran hito: la primera exportación comercial de combustible a base de hidrógeno verde. En Coquimbo y La Serena, más de dos mil hogares y comercios encienden el calefón y cocinan con gas mezclado con hidrógeno verde gracias a un plan piloto público-privado. Emily y Maximilian, junto a sus compañeros del Liceo Domingo Matte Pérez de Maipú, hicieron historia el año pasado al ser los primeros estudiantes de América Latina en participar en el torneo internacional de autos a escala impulsados con hidrógeno verde en Las Vegas, Estados Unidos. Es aquí, en estos ejemplos, donde está naciendo el Chile que viene. En mayo pasado presentamos el Plan de Acción de Hidrógeno Verde a 2030, con el que desarrollaremos esta industria con los mejores estándares ambientales, sociales y laborales. Y Corfo, fiel a una vocación originaria que se remonta ya a 85 años, creará un fondo de mil millones de dólares para acelerar y concretar inversiones privadas de hidrógeno verde. La economía digital es otra industria con inmenso potencial en Chile. Nuestro país alberga ya 22 data centers, y pronto llegarán 28 más. Tenemos como objetivo que este sector triplique el crecimiento promedio de la economía de aquí a 2026. Para ello seguiremos invirtiendo en infraestructura, como redes de fibra óptica y 5G. En esta línea, este año anunciamos el acuerdo para construir el Cable de Humboldt, el primer cable submarino de fibra óptica que conectará al mundo de sur a sur, desde las costas de Valparaíso hasta Oceanía y Asia. Este proyecto mejorará el acceso a internet para las familias, brindará oportunidades laborales y fortalecerá la posición de Chile como centro de actividad digital en Sudamérica. Sin ciencia e innovación no hay desarrollo sostenible. Por ello, seguiremos orientando parte importante de los recursos del litio para incrementar el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que ya ha crecido en más de 10%. Estos recursos ya impactaron a más de 1.500 empresas, entre ellas desarrolladores de inteligencia artificial, tecnología implementada en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, o el primer bus a hidrógeno construido en Chile en la región de O’Higgins. Hace pocas semanas anunciamos con Corfo la creación de Startup Campus para impulsar el talento chileno y los emprendimientos de base científico-tecnológica. Así como la imprenta, la luz eléctrica, la máquina a vapor e internet cambiaron el mundo, hoy la inteligencia artificial nos hace enfrentar nuevos desafíos. Pero a diferencia de revoluciones anteriores, en la inteligencia artificial Chile ha decidido ser protagonista, liderando hoy la regulación de esta tecnología en Latinoamérica. Conocemos el temor que genera la posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace a personas en los puestos de trabajo, pero ello no nos debe paralizar, sino que nos tiene que llamar a la acción. La inteligencia artificial puede ser un gran copiloto, y bien utilizada puede aumentar nuestra productividad y para ello necesitamos capacitarnos, crear nuevas habilidades y seguir avanzando en una legislación donde mayor productividad no signifique más horas de trabajo, sino una mejor conciliación de la vida familiar y laboral. Trabajos como especialistas en interacción con la inteligencia artificial, auditores de ética en este ámbito, programadores de esta tecnología, especialistas en datos: estos son algunos de los perfiles laborales específicos que el Ministerio de Ciencia ha propuesto a ChileValora para que quien tenga esas capacidades, muchas de las cuales no se enseñan formalmente, obtenga una certificación, haga valer esas capacidades en el mercado laboral y opte a futuros planes formativos. Esto se suma a los esfuerzos en formación en nuestras universidades y a la creación de capacidades avanzadas con el doctorado en inteligencia artificial que ya recibe alumnos en la región del Biobío. El futuro está lleno de oportunidades, y por eso lo miramos con optimismo. Para ello, seguimos fortaleciendo el ecosistema de ciencia e investigación nacional. Iniciamos un proceso para que Chile se una al Centro Europeo de Investigación Nuclear, y junto con la FACh, construiremos en Cerrillos el Centro Espacial Nacional. Y si hablamos de ciencia y futuro, es inevitable referirnos a nuestra vocación antártica. En la protección y comprensión de lo que sucede en este continente se juega parte importante de la lucha contra la crisis climática. Así lo alertó el secretario general de las Naciones Unidas en la visita que juntos realizamos a fines de 2023. Nuestra soberanía en la Antártica se funda en nuestra historia y nuestra proximidad geográfica. Este año lanzamos al mar el Buque Rompehielos Viel, íntegramente construido por los Astilleros y Maestranzas de la Armada, Asmar, que se suma al remolcador Lientur. Y estoy convencido de que estamos para grandes proyectos en materia de producción naval. Por ello, he instruido a la ministra de Defensa, al ministro de Economía y al comandante en jefe de la Armada para que en tres meses me presenten una Política Nacional de Construcción Naval para los próximos años, con Asmar como líder en una articulación de la capacidad de nuestros astilleros públicos y privados. Seguiremos apoyando la construcción del Centro Antártico Internacional del Instituto Chileno Antártico con base en Punta Arenas, en conjunto con el Gobierno Regional. Lo he dicho y lo reitero: Chile se opondrá a cualquier explotación comercial de minerales e hidrocarburos en la Antártica y trabajaremos con todos los países reclamantes y los firmantes del Tratado Antártico para velar por el respeto de esta norma. La Antártica es y debe seguir siendo un continente de ciencia, paz y cooperación. Otro orgullo de Chile es su campo y su agricultura, que son altamente apreciados en un escenario de crisis climática y guerras. Gran parte del país depende de la agricultura familiar campesina para abastecer las mesas de nuestros hogares. En mis recorridos por nuestra patria en el marco de la extensión del programa Siembra por Chile, he conocido a personas como Verónica Calfullan, de Lanco, que luchan por quedarse en el campo, pero me dicen lo difícil que resulta. Recuerdo vívidamente las manos trabajadoras de Imelda Narcisa Huerta, agricultora de hortalizas de Peralillo y beneficiaria de Indap que a sus 77 años debe seguir trabajando porque no tiene una pensión que le permita una vejez digna. Insisto, ¿vamos a seguir haciendo esperar a las Imeldas de Chile para tener una reforma de pensiones? Queremos que la vida rural sea una opción real para las futuras generaciones, y así se lo he encargado al ministro de Agricultura, para que el campo mantenga su esencia, sus tradiciones y además sea sinónimo de calidad de vida, de innovación y futuro. Por ello estamos implementando una Política Nacional de Desarrollo Rural y el programa Mi Negocio Rural que apoya los emprendimientos de jóvenes rurales. Como comprometí en mi campaña y reafirmé en este Congreso el año pasado, cumplimos con ingresar un proyecto de nueva ley de pesca. Esta reemplazará a la actual, llena de cuestionamientos por su origen corrupto. Chile es la décima potencia pesquera mundial y merecemos una ley que avance en transparencia, justicia para la pesca artesanal y desarrollo pesquero sostenible; y que a la vez se haga cargo de históricas demandas de mayor protección social en el rubro. Compatriotas: Luchar contra la triple crisis planetaria, de pérdida de la biodiversidad, cambio climático y contaminación es un pilar del desarrollo y una urgencia global. Si el desarrollo no es sostenible, no es desarrollo. Una de las primeras acciones que adoptamos en esta línea como Gobierno fue aprobar el Acuerdo de Escazú cuyo plan de implementación ya está en marcha. Además, durante esta administración hemos alcanzado un récord de 33 nuevas áreas protegidas, muchas de ellas de fácil acceso para las personas. El Parque Nacional Desierto Florido en Atacama, el Área Marina Protegida Archipiélago de Humboldt en Pisagua, los santuarios de la naturaleza Cerro La Cruz en Zapallar, Cruz de Piedra en la Región Metropolitana, Valle de Cochamó en Los Lagos y prontamente el de Cabo Froward en Magallanes son algunas de estas nuevas áreas de protección y esparcimiento. Tengo una gran noticia para la Región Metropolitana: consolidamos como una sola área protegida toda la cuenca de los ríos Olivares y Colorado en el Cajón del Maipo, un terreno de más de 110 mil hectáreas, dando acceso al actual Parque Glaciares de Santiago. El nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas aumentará los recursos para hacer frente a la pérdida de especies y hábitats naturales, y también mejorará la dotación del personal encargado de la custodia de las áreas. Proteger estas áreas significa también proteger a las especies de nuestra tierra, como el copihue, la añañuca y la araucaria; así como el gato andino, el monito del monte, el pingüino de Humboldt o el popular sietecolores, más conocido en Chile como Fiu. Para cumplir con todas estas obligaciones en el próximo ejercicio presupuestario fortaleceremos la musculatura del Ministerio del Medio Ambiente. Los efectos del cambio climático no son problemas del futuro, son problemas de hoy. Los trágicos incendios forestales, inundaciones y sequías en nuestro país son lamentables muestras de aquello. Frente a estas emergencias, hemos trabajado en fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, así como la coordinación con la empresa privada. En preparación para el verano pasado, aumentamos en un 47% los recursos destinados al trabajo preventivo y para disponer de más aeronaves de combate de incendios. Gracias a esto, en la temporada de incendios 2023-2024 hubo 83% menos de hectáreas quemadas, respecto de años anteriores. Pero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, nos golpeó un incendio de magnitudes nunca antes vistas, donde 137 compatriotas perdieron la vida. Confirmamos que el incendio fue intencional y trabajamos con el Ministerio Público y las policías para encontrar a los responsables: como país no podemos permitir que personas indolentes cometan este nivel de barbarie. Hoy quiero hablarles a esas más de 20 mil personas, mujeres, hombres, jóvenes y niños, que perdieron sus hogares. Trabajamos para entregar un hogar transitorio a todas las víctimas. Ya hemos construido más de 1.800 viviendas de emergencia. Estamos acelerando los procesos para que las soluciones definitivas lleguen lo antes posible. Para ello creamos el Comité de Ayudas Tempranas, que permitió que durante las primeras semanas posteriores a la emergencia entregáramos el Bono de Recuperación a todas las familias damnificadas. A esto le sigue el Plan de Reconstrucción de cerca de un billón de pesos para los próximos cuatro años. Pero si bien hemos mejorado los montos y estándares de los apoyos en relación a catástrofes anteriores, debo decirles que no estoy conforme con la velocidad de los avances en la reconstrucción. Hay demasiadas familias que aún tienen incertidumbre después de haberlo perdido todo y como Estado debemos hacer más. He instruido a los equipos a cargo redoblar los esfuerzos para atender las necesidades de quienes han sido afectados por esta tragedia. Necesitamos una institucionalidad más robusta y eficaz para prevenir y atender las consecuencias de desastres que son cada vez más frecuentes. Por ello, incrementamos los fondos para los Centros de Alerta Temprana de Senapred y creamos el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Y debemos hacer más. Insto a la pronta aprobación en el Congreso de la Ley de Incendios forestales y rurales, y la Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que reemplazará a Conaf con mayores facultades. La crisis climática se expresa en la dura megasequía que afecta principalmente a las regiones de Coquimbo y Valparaíso desde hace más de 13 años. He visto la angustia de crianceros que no pueden alimentar a sus animales, de los pequeños agricultores que ven cómo se secan sus cultivos y necesitan recurrir a camiones aljibe, de poblados sin agua para el consumo mínimo diario. La crisis hídrica es una urgencia nacional. En 2023 anunciamos un plan para construir 12 nuevos embalses, entre ellos Las Palmas, Nueva La Punilla y Zapallar. A esto se suma una inversión histórica de 252 mil millones de pesos en servicios sanitarios rurales o APR. Quiero reconocer el trabajo y la persistencia de las y los dirigentes de comités de APR, como Viviana Núñez de Pupuya en la comuna de Navidad, que han impulsado proyectos para que ellos y sus vecinos en los campos accedan al agua potable. Hemos logrado, con el concurso de este Congreso, aprobar una ley que permitirá construir y gestionar infraestructura hídrica multipropósito, como plantas desaladoras. Cumpliré el compromiso que adquirí con la región de Coquimbo: el segundo semestre de 2024, licitaremos una planta desaladora para La Serena y Coquimbo que beneficiará a medio millón de personas. Además, estamos desarrollando proyectos de plantas de reuso de aguas servidas en la Región de Coquimbo, así como en la conurbación Valparaíso-Viña del Mar y en San Antonio. Chilenas y chilenos, Nuestro objetivo es que, al finalizar nuestro mandato, Chile tenga un desarrollo más justo, resiliente y sostenible, con una economía que ocupe los beneficios que nos ofrecen nuestras condiciones naturales para crear más valor agregado mediante la ciencia y la tecnología y el trabajo creativo de chilenas y chilenos. 6. PROTECCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA Podemos tener diferencias políticas entre nosotros, pero Chile debe ser uno solo cuando se trata de proteger y promover los derechos humanos y la democracia. No solo en nuestra nación: es un compromiso que asumimos frente a la humanidad en su conjunto. En septiembre del año pasado conmemoramos los 50 años del golpe de Estado y lo hicimos suscribiendo el Compromiso por la Democracia. Este gesto es hoy tan relevante como necesario, con un mensaje sencillo y sólido: por la democracia y los derechos humanos, hoy y siempre. Este documento fue firmado por todos los ex mandatarios de Chile. Me permito acá una reflexión: creo que la derecha chilena está cometiendo un error histórico en el retroceso que ha tenido en los últimos años en su compromiso con los DD.HH. en nuestra historia nacional. Importantes líderes del sector habían hecho reflexiones y autocríticas relevantes para los 40 años del 11 de septiembre de 1973, y esta vez, en cambio, se atrincheraron en un discurso para sus bases más radicales. Eso le hace mal a nuestro país y contrasta con la postura que siempre tuvo el presidente Sebastián Piñera, quien fue firmante y contribuyó en la redacción del compromiso por la democracia y los derechos humanos que sus partidos no quisieron suscribir. En esto no podemos permitirnos falsos empates ni ambigüedades: la defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una base sobre la cual construimos nuestro futuro compartido. En este contexto presentamos el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. A través de este asumimos que es el Estado de Chile el responsable de esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada, apoyar los procesos judiciales y mantener viva su memoria. En su diseño participaron las organizaciones de derechos humanos y de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, quienes por primera vez dispusieron de un espacio institucional para asesorar y hacer recomendaciones al Estado. Al día de hoy, este Plan ha permitido duplicar las diligencias realizadas en años anteriores, e identificar cerca de 50 sitios prioritarios para la reactivación y reforzamiento de las labores de búsqueda en terreno, lo que ha requerido un aumento de más de un 80% del presupuesto del programa de Derechos Humanos. Está en curso la consolidación de una nómina oficial y buscador de personas víctimas de desaparición forzada, con mapas georreferenciados de su trayectoria de detención, y prontamente pondremos a disposición una base de datos unificada y una plataforma web pública para reconstruir, contar sus historias, saber quiénes fueron y contribuir también de esta manera a las investigaciones judiciales. Hemos avanzado también en los compromisos legislativos adoptados en dicha conmemoración. Presentamos indicaciones al proyecto de ley que crea la calificación jurídica de persona ausente por desaparición forzada y la que pone fin a la reserva de las denominadas leyes secretas de la dictadura. Prontamente ingresaremos las indicaciones a la iniciativa que tipifica los delitos de desaparición forzada y de ejecución extralegal. Los derechos humanos y la memoria son una tarea que no reconoce fronteras. Desde hace ya varios años, los gobiernos de Chile y Alemania han estado trabajando para convertir un antiguo espacio de horror y muerte en un lugar de memoria y futuro. Como resultado de tal colaboración, hoy puedo informar al país que esta semana dimos inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera, entre ellos, de la que fuera la casa de Paul Schäfer. Este es un paso relevante en el camino a consagrar el lugar como un espacio de memoria. Así, desde el sur de Chile hasta Alemania, en una sola voz le decimos al mundo: ¡Nunca más! En otro ámbito, hemos creado una mesa interinstitucional para abordar las adopciones forzadas o irregulares ocurridas antes de 1990. Se estima que puede haber más de 20 mil personas afectadas, tras las cuales hay familias que necesitan apoyo para reencontrarse y conocer su propia historia e identidad. El trabajo de Reparación Integral de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social no se ha detenido. Este incluye la elaboración de un catastro de víctimas, derivación de las víctimas a programas de atención médica, apoyo psicosocial, asistencia social y asesoría legal. Para nosotros las violaciones a los derechos humanos son siempre y en todas partes inaceptables, sean las ocurridas en dictadura o en democracia, sea que sus víctimas sean adultos o menores, sea que tengan motivaciones políticas o de otra índole. Por eso nos violenta e indigna el fallecimiento del conscripto Franco Vargas en la zona de Putre. Lo he dicho y lo reitero: los jóvenes que hacen su servicio militar están bajo la responsabilidad y el cuidado del Estado. En su entrenamiento se espera que los conscriptos pongan su esfuerzo al servicio de la patria, no que paguen su compromiso con su vida, su salud o su dignidad. Un abrazo gigante a su madre Romy Vargas, con quien he tenido la oportunidad de compartir su dolor desgarrador. Estos hechos no pueden quedar impunes y deben investigarse a fondo para que no se repitan. Así se lo instruí al comandante en jefe del Ejército quien ha adoptado medidas concretas para esclarecer los hechos y hacer valer las responsabilidades de mando correspondientes. He instruido a la Ministra de la Defensa Nacional que en un plazo de tres meses proponga mejoras concretas a los procedimientos de reclutamiento, selección, acuartelamiento y formación de conscriptos. Chile tiene un muy respetado prestigio internacional construido laboriosamente. En representación del país me he reunido con los principales líderes mundiales, y junto al Canciller hemos participado en importantes foros globales, poniendo a Chile en un lugar protagónico en la construcción común y global de soluciones. Prueba de ello es que acogimos la reunión de la plana mayor de ejecutivos de las Naciones Unidas y la Cumbre Mundial de la Libertad de Prensa. Chile no abandonará nunca su vocación de diálogo y entendimiento para asegurar un orden global estable y pacífico. Somos parte del Sistema de Naciones Unidas desde su fundación. Tuvimos una destacada participación en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y cuando en Chile estos derechos fueron violados, recibimos la solidaridad de todas las naciones y pueblos del orbe. Todo esto ha dado lugar a un compromiso histórico que Chile no abandonará bajo ninguna circunstancia. Por lo mismo, hemos alzado la voz para condenar la violencia criminal, el terrorismo, el genocidio y la agresión en todos los rincones del mundo. El combate al crimen y la defensa de la vida y los derechos humanos no tienen color político ni nacionalidad. Tal como lo he hecho en otros foros públicos respecto de las vulneraciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, o sobre la inadmisible guerra de agresión de Rusia a Ucrania, tengo el deber de referirme hoy a la crítica situación en la Franja de Gaza. Nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres y niños palestinos. Ya se cuentan más de 35 mil muertos, una situación humanitaria catastrófica y la infraestructura en Gaza prácticamente arrasada. Estos actos requieren de una firme respuesta de la comunidad internacional. Por ello, además del apoyo humanitario que hemos brindado a Palestina, del llamado a consulta de nuestro embajador en Israel, y de presentar junto a México una remisión de la situación en Palestina ante la Corte Penal Internacional, he decidido que Chile se hará parte y respaldará el caso que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el marco de la Convención sobre Genocidio de la ONU. He mandatado a los equipos de Cancillería que preparen un escrito con nuestros argumentos. Chilenos y chilenas: Un país serio no puede tener un rasero para juzgar lo que ocurre en la escena internacional, y otro más laxo para juzgar sus propios comportamientos internos. Por lo mismo repito lo que dije antes: para nosotros las violaciones a los derechos humanos son siempre y en todas partes inaceptables. Y la discriminación, bajo cualquiera de sus formas, es una violación a los derechos humanos que una república democrática no puede tolerar. Está en sus manos, honorables miembros del Congreso, la discusión y aprobación de un proyecto que busca mejorar la ley antidiscriminación ya existente. Vaya mi reconocimiento a todas las organizaciones por la diversidad sexual y de género que han empujado esta iniciativa. Otra deuda y fuente de dolor que no es aceptable seguir prolongando es el conflicto del Estado chileno y el pueblo mapuche. Se requiere construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios, y esto solo será posible bajo un acuerdo social y político transversal. Por lo mismo agradezco a cada uno de los partidos representados en este Congreso haber apoyado la conformación en 2023 de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, y por cierto el abnegado trabajo que han realizado los miembros de ésta. En noviembre de este año, la Comisión entregará un informe final de propuestas en materia de tierras, reparación, diálogo y reconocimiento. Albergo la esperanza de que sus conclusiones constituyan las bases de una solución de largo plazo. No será una tarea fácil, pero sin duda marcará un hito en nuestra historia. Decíamos que derechos humanos y democracia van de la mano. Permítanme entonces referirme brevemente al estado de esta última. Los estudios son coincidentes: la confianza de nuestros compatriotas en el Congreso, los partidos políticos, los gobiernos y la propia democracia es decreciente. ¿El motivo?: sienten que, en lugar de ofrecer soluciones a sus problemas, están enzarzados en conflictos políticos internos que los lleva a torpedearse mutuamente sin ponerse de acuerdo. Tienen razón. La capacidad del sistema político chileno de alcanzar acuerdos se ha erosionado, con lo cual las demandas de la ciudadanía quedan sin respuesta y se postergan decisiones que son fundamentales para el desarrollo del país. Por ello, considero necesaria una reforma al sistema político que sin sacrificar representatividad evite la fragmentación y fortalezca la democracia. Comparto varias de las propuestas que en este sentido se han debatido y he encomendado al ministro Secretario General de la Presidencia que construya un consenso para poder legislar al respecto. Un gobernante no elige los desafíos: hace suyos los que su amor a la Patria le pone por delante. Así hizo O´Higgins después de Rancagua, y Bulnes y Montt al crear las bases materiales de nuestro país. Así lo hizo Prat en Iquique, Recabarren en la pampa, y Elena Caffarena cuando bregó por el voto femenino. Así lo hizo Salvador Allende cuando selló con la vida su compromiso democrático. Así lo hizo Ricardo Lagos cuando desafío públicamente al dictador y Aylwin cuando encabezó la transición. Así hizo Bachelet cuando se convirtió en la primera mujer presidente de Chile. Así lo han hecho a lo largo de la historia miles de chilenos y chilenas que han construido la patria que hoy tenemos el orgullo de habitar. Nosotros hemos tenido otros desafíos, y los hemos enfrentado con el corazón henchido de amor por Chile y su pueblo. Porque ser patriota es preocuparse en Chile por el bien de su gente, con propuestas en positivo, haciéndonos cargo de las dificultades, pero contagiando esperanza, no odio. Ofreciendo un camino que por pedregoso que sea, podamos recorrer juntos y unidos sin dejar a nadie atrás. Como lo hacen día a día los miles de chilenos y chilenas que se levantan al alba, que enfrentan las injusticias y las vencen, que sacan adelante a sus familias con esfuerzo, y aportan a la construcción diaria de este Chile que tanto queremos. Al cruzar ya la mitad de mi Gobierno tengo la convicción que estamos avanzando hacia una sociedad en la que cada uno de ustedes, compatriotas, pueda vivir más tranquilo, más seguro, más protegido, sin el corazón apretado por el temor a la delincuencia, al desempleo, a la inflación, a la enfermedad y a la vejez, con un futuro más promisorio. Hemos vivido tiempos difíciles, pero ya asoman los brotes verdes del futuro esplendor. Respecto al día que asumimos, hoy la inflación y la pobreza son menores, las cuentas fiscales más equilibradas y la senda del crecimiento más sólida. Ninguna persona paga por sus atenciones de salud en la red pública. Son acogidos los compatriotas con condición del espectro autista. Estamos recuperando los rezagos educativos derivados de la pandemia. Tomando la posta de gobiernos anteriores, estamos construyendo más y mejores viviendas para reducir el déficit acumulado. Aumentó el sueldo mínimo a 500 mil pesos. Los municipios cuentan con más recursos gracias al royalty. Los trabajadores y sus familias son beneficiadas por la paulatina reducción de la jornada laboral a 40 horas. Hemos recuperado el orgullo ferroviario con el nuevo impulso al tren. Donde había narco-mausoleos, ahora hay plazas y juegos para niñas y niños. Las policías cuentan con más recursos, mejor equipamiento y mayor autoridad, y un Estado más fuerte y coordinado para combatir el crimen organizado y proteger nuestras fronteras. Hay más justicia para las madres que crían solas y para sus hijas e hijos. Con el cobre, el litio y el hidrógeno verde, se abre la oportunidad de un desarrollo sostenible de largo plazo que contribuya a la transición energética del planeta y de paso otorgue bienestar a nuestro pueblo. Estoy convencido que, para consolidar y profundizar estos cambios, la unidad de las fuerzas progresistas es fundamental. Ante el ascenso de liderazgos autoritarios que esparcen odio por quienes no piensan como ellos, que no trepidan en desinformar e inocular miedo para llegar al poder, opongamos la fuerza de un proyecto colectivo que confíe en nuestro pueblo basado en las ideas de justicia, igualdad y libertad para todas y todos, que busque conducir la historia, no hacerla retroceder. Una vez más, que la esperanza le gane al miedo. No faltan quienes ponen en duda nuestra sinceridad porque ante nuevas circunstancias y nuevos aprendizajes, nuestras prioridades cambian. A ellos les digo: gobernar no es seguir mecánicamente un dogma o guión, menos en los tiempos de hoy; gobernar es hacerse cargo de lo imprevisto, de lo extraordinario, sin abandonar jamás los principios que nos trajeron hasta aquí. A veces, miro con frustración a quienes parecen querer agravar los problemas, no resolverlos; a quienes se niegan a encontrar soluciones para tratar de probar que tenían razón, o para ganar algunos puntos en la encuesta semanal. Creo que todo Chile se alegraría si dejáramos de lado la rabia y nos enfocáramos, colaborativamente, a resolver los temas de importancia nacional. No seamos ciegos: si la población no aprecia cambios que mejoren su calidad de vida ahora, estaremos erosionando la credibilidad de nuestras instituciones democráticas y pavimentando el camino a un nuevo estallido social. Los invito, con humildad, a que terminemos con las recriminaciones y a que abracemos la colaboración. Lo hemos hecho en materia de seguridad, y se han mostrado los frutos. Sigamos en ello. Hagamos lo mismo para destrabar el crecimiento. Busquemos concordar los ajustes que nos permitan mejorar ahora, no en 10 o 20 años, mejorar las pensiones de nuestros jubilados, así como las modificaciones de orden tributario que aseguren a la vez inversión y responsabilidad fiscal. A todos mis compatriotas, a ti que ves hoy este mensaje por redes sociales o televisión, te invito a que actuemos con unidad y generosidad tras metas que podemos compartir y seamos todos juntos protagonistas de nuestra propia historia. A que cada uno, desde su lugar de estudio o trabajo, en las ciudades, campos y caletas, aprovechemos esta oportunidad histórica que en esta época se nos presenta de dar el salto definitivo al desarrollo, basado en el bienestar de nuestro pueblo y en el cuidado de nuestra tierra. ¡Que viva Chile y todo su pueblo!