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Publicado por Marcelo Ruiz Tagle Escobar director@eloradorilustrado.cl
Los Socialdemócratas y la Educación
Rodrigo Sepúlveda Úbeda
Profesor de Biología y Abogado
Dentro de las numerosas fuentes que nutre la ideología socialdemócrata, se encuentran algunos principios que podemos rastrear nítidamente desde los tiempos de la Ilustración, entre ellos la importancia que para nosotros tiene la educación de las personas, como medio insustituible para la emancipación de las conciencias, paso inicial de toda forma de libertad. La experiencia histórica demuestra que el más profundo e irreversible mecanismo de promoción social es la educación. Un pueblo sin educación es un instrumento de satisfacción de intereses ajenos, y de ahí que ya Condorcet (1743-1794) señalara la enorme importancia política de la educación, como proceso formador de ciudadanos virtuosos, constructores de su propio destino personal y social.
Atendidas estas razones, los Socialdemócratas sostenemos que el Estado tiene la obligación inexcusable de proveer un sistema de educación pública, laica, gratuita y de calidad, sin perjuicio de la existencia de establecimientos educacionales de carácter privado, que sea financiados íntegramente por las familias interesadas, como por lo demás ha sido desde que en 1837 se fundara el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, el primero de carácter privado fundado con posterioridad a la independencia de Chile. En esencia se trata de que la oferta de la educación pública asegure el más amplio e integral desarrollo de quienes se forman en sus aulas, que la opción de la educación privada responda a intereses particulares de las familias que recurran a ella, por ejemplo, orientación confesional o binacional.
La existencia de un sistema de educación pública de tales características no responde a un mero capricho ideológico, sino porque la experiencia demuestra que desempeña un rol insustituible en la generación de un tejido social democrático e integrado, en las antípodas de las tendencias estamentales y segregacionistas que estimula y alimenta el modelo educacional impuesto a partir de 1981 por la dictadura militar, y que hasta la fecha no ha sufrido modificaciones significativas.
Obligación insoslayable del Estado será entonces proveer las condiciones materiales y laborales para que docentes y personal de apoyo al trabajo pedagógico desarrollen sus funciones en condiciones dignas, y debidamente remunerados. Cuando la autoridad deja de cumplir con este deber, expone injustamente al componente más delicado del sistema educacional -el alumnado- a sufrir las consecuencias nefastas y muchas veces irreversibles de la denegación del derecho a la educación, proclamado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y garantizado por la Constitución Política de la República.
En la década de 1960, tanto bajo el gobierno de Jorge Alessandri como el Eduardo Frei Montalva, las adversas condiciones laborales empujaron al profesorado del país a realizar huelgas extraordinariamente extensas (aquellas experiencias sin dudas contribuyeron a que la dictadura dispusiera también la atomización y dispersión contractual del magisterio). Es muy lamentable que seis décadas después el país en su conjunto pareciera no haber aprendido de aquellas lecciones, como podemos constatar dolorosamente en Copiapó.