publicado por α&Ω Marcelo Ruiz-Tagle Escobar director@eloradorilustrado.cl
Cuando una economía crece poco, la inversión se debilita y el desempleo aumenta, hay una pregunta que cualquier gobierno debe responder: ¿qué hará para que las personas vuelvan a encontrar trabajo?
Hoy esa pregunta es especialmente urgente. Las cifras económicas no están acompañando al Gobierno. El Banco Central redujo su proyección de crecimiento para este año a un rango de entre 0,25% y 0,75%, mientras el desempleo alcanzó un 9,5%, equivalente a casi un millón de personas que buscan un trabajo y no lo encuentran.
No son buenas noticias para nadie. Mucho menos para un Gobierno que durante años sostuvo que Chile podía volver a crecer con fuerza, las proyecciones de Quiroz hablaban de un 4%, si se recuperaban las confianzas y se generaban las condiciones adecuadas para la inversión privada. En campaña se nos dijo, además, que conocían todas las recetas para hacerlo, incluso a pocos días de asumir, se celebraron cifras ajenas a esta gestión, atribuyéndoselas a la solaexpectativa de la llegada de José Antonio Kast.
Hoy los resultados obligan, al menos, a revisar ese diagnóstico.
La inversión privada es indispensable para que Chile crezca, pero hay algo bastante evidente: un gobierno no puede obligar a una empresa a invertir ni puede decidir cuándo contratar trabajadores. Puede generar condiciones, reducir obstáculos y entregar certezas, pero finalmente son los privados quienes toman esas decisiones.
Por eso existe otra herramienta que sí está directamente en manos del Estado: la inversión pública. Así es, cuando la economía pierde dinamismo, el Estado puede acelerar obras públicas, viviendas, caminos, hospitales, infraestructura y una larga lista de iniciativas que no solo resuelven necesidades concretas, sino que también movilizan empresas, proveedores y trabajadores.
No se trata de gastar por gastar. Se trata de utilizar responsablemente las herramientas disponibles cuando la economía necesita un impulso.
Y aquí aparece una de las principales contradicciones que enfrenta hoy el Gobierno.
Mientras el desempleo alcanza niveles preocupantes, Hacienda ha planteado para 2027 un crecimiento del gasto público de entre 0% y 1%. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha debido reconocer la necesidad de preparar un plan de emergencia laboral, involucrando a distintos ministerios para enfrentar el deterioro del mercado del trabajo.
La señal resulta, por decir lo menos, contradictoria. ¿Cómo se pretende impulsar un plan de empleo, promover inversión focalizada y reactivar una economía que no despega, mientras al mismo tiempo se reduce el espacio para la inversión pública, se recorta presupuesto en todos los ministerios, y se proyecta un crecimiento del gasto de apenas 1%? Si el Gobierno reconoce que existe un problema de empleo y que se necesitan medidas para reactivar la economía, cuesta entender que su respuesta fiscal sea, precisamente, poner el freno a una de las herramientas que tiene disponibles para hacerlo.
Otros gobiernos también han enfrentado períodos de bajo crecimiento y desempleo elevado. Y en esos momentos, la inversión pública ha sido utilizada como una herramienta para sostener la actividad mientras la economía privada recupera dinamismo. Es cierto que NO reemplaza a la inversión privada, pero si que la complementa.
La mejora de un camino, por ejemplo, no es solamente una obra vial. También significa trabajadores contratados, materiales que se compran, transporte, proveedores y actividad económica en la comuna donde se realiza. Lo mismo ocurre con un puente, un hospital o un sistema de agua potable rural.
En Atacama esta discusión no es teórica. Nuestra región registró un desempleo de 9,1% durante el último trimestre medido. Detrás de esa cifra hay miles de personas que necesitan encontrar trabajo y familias que dependen de ese ingreso.
Por eso uno esperaría que, frente a esta realidad, la autoridad laboral regional estuviera permanentemente coordinada con Vivienda, Obras Públicas, Serviu, municipios, gremios de trabajadores y el sector privado, buscando proyectos que puedan ejecutarse y generar actividad en el corto plazo.
Tenemos ejemplos concretos de dónde hacerlo. El plan de emergencia habitacional, por ejemplo, implementado en la administración anterior, no solo permitió entregar viviendas a las familias atacameñas. También generó actividad económica y puestos de trabajo en las comunas donde se ejecutaron los proyectos.
Por eso resulta difícil entender que, mientras la región enfrenta esta situación, la agenda pública de la autoridad laboral incluya reuniones con autoridades eclesiásticas de la región, pero no exhiba con la misma claridad una agenda de coordinación con quienes tienen directamente en sus manos proyectos, inversiones y herramientas para generar empleo.
Las iglesias cumplen un papel importante en nuestra sociedad y nadie podría cuestionar que una autoridad dialogue con ellas. Pero una reunión con un obispo o con un pastor no construye una vivienda, no inicia una obra pública y no genera, por sí sola, un nuevo puesto de trabajo. Para eso existen las políticas públicas.
El desafío, entonces, no es solamente reconocer que existe un problema de empleo. Es definir qué se hará para enfrentarlo.
Porque los empleos no aparecen por decreto, ni por buenas intenciones, ni por expectativas, mucho menos por mandato divino. Los empleos se crean cuando hay actividad económica, inversión pública y decisiones concretas. Y cuando la inversión privada no alcanza, el Estado tiene herramientas para ayudar a sostenerla.
En Atacama, donde miles de personas están esperando una oportunidad laboral, esas herramientas deberían estar siendo utilizadas con sentido de urgencia. Porque, finalmente, los empleos no caerán del cielo.