publicado por α&Ω Marcelo Ruiz-Tagle Escobar director@eloradorilustrado.cl
Es hecho conocido que uno de los caminos primordiales para superar el estancamiento económico es la innovación, y que en un mundo interconectado el uso del computador resulta absolutamente indispensable para ello. La innovación actual se concentra en el ámbito digital y tecnológico, impulsada por herramientas como la Inteligencia Artificial, la automatización avanzada y los ecosistemas de datos.
En 2009, para reducir la brecha digital entre estudiantes, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), creó el programa social denominado «Yo Elijo mi PC», beneficio que contempla la entrega de notebooks a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y colegios particulares subvencionados que cumplen con los criterios de focalización. Sólo el 2026 este programa social benefició a casi cien mil estudiantes. Sin embargo, el gobierno actual ha decidido dejarlo sin financiamiento en el Presupuesto 2027, lo que impedirá continuar con la entrega de equipos durante el próximo año; decisión que ha provocado fuertes críticas en amplios sectores, incluso del propio gobierno, como el Alcalde de Ñuñoa, que señaló expresamente “se me ocurren pocos programas más importantes para hacer más justa la educación pública que la entrega de computadores”.
La medida del gobierno, sumada a otras también cuestionadas, como no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para suavizar las fluctuaciones bruscas de sus precios en el mercado interno, no son más que una manifestación real de la porfía de su ortodoxia económica. Se trata del mismo dogma que en la dictadura militar provocó tasas de desempleo superiores al 20% (23,7% en 1982), producto de la reducción del rol del Estado en la economía y la falta de herramientas para enfrentar momentos de crisis económicas.
La ortodoxia gubernamental, que defiende a ultranza el libre mercado y la disminución al mínimo de la intervención del Estado en la economía, se permite reducir los impuestos a los sectores más pudientes de la población, con la excusa de incentivar la inversión, y eliminar beneficios sociales para los más desposeídos, con el fin de cuadrar los déficit presupuestarios que lo anterior genera, olvidando el más que evidenciado Keynesianismo, que dice que el libre mercado no se autorregula de forma automática en las crisis y que -ante éstas- el Estado debe intervenir para estimular la economía.
Es en la teoría de John Maynard Keynes donde el moderno liberalismo y la socialdemocracia se encuentran. No se trata de eliminar la propiedad privada ni el capitalismo, sino de evitar (o, al menos, moderar) sus excesos, a través de normas legales y competencia leal; donde los impuestos sean ser progresivos, es decir, quien más gana o posee, pague proporcionalmente más, con el fin de reducir las brechas de desigualdad; y donde la recaudación fiscal se emplee para financiar servicios universales gratuitos o de bajo costo, como salud, educación, pensiones y vivienda. Esta combinación de un mercado capitalista con la intervención estatal permite garantizar la justicia social, la equidad y los derechos laborales.
Es en este contexto donde se insertan el MEPCO y los programas sociales, como “Yo elijo mi PC”, su eliminación o no aplicación afecta directamente a la ciudadanía más desvalida, incrementando la crisis económica, como efecto de la inflación, por el alza de los combustibles, o de impedir que mayores sectores sociales tengan acceso a la innovación tecnológica que significa contar con un computador. Por eso, ante el inicio de la discusión presupuestaria, estamos a tiempo de reclamar un cambio en la ortodoxia económica gubernamental y exigir que se repongan los recursos, el bienestar de Chile y los chilenos nos obliga.