publicado por α&Ω Marcelo Ruiz Tagle Escobar director@eloradorilustrado.cl
A través de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, AGORECHI, las autoridades en ejercicio se dieron cita para expresar su preocupación por el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, donde no tendrán ningún rol significativo, por lo que llamaron a retomar la discusión de proyectos que favorecen a las regiones de manera urgente. Además, denunciaron la retención de recursos por parte de la Dipres, lo que está afectando una serie de iniciativas a nivel nacional.
El Gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, aseveró que “este tipo de
decisiones nos permiten llegar a la conclusión de que el Gobierno tiene totalmente abandonada la agenda descentralizadora”.
Este martes, los gobernadores regionales en ejercicio (período 2021-2024), se dieron cita en el Palacio de La Moneda para abordar dos temas con carácter de urgente con la ministra del Interior, Carolina Tohá. Por una parte, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y, un segundo tema, la retención de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que tiene paralizada una serie de iniciativas en todo el país.
En la reunión estuvieron presentes la ministra del Interior, Carolina Tohá; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; el Gobernador de Valparaíso y presidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca; y los gobernadores regionales: Miguel Vargas (Atacama), Pablo Silva (O’Higgins), Oscar Crisóstomo (Ñuble), Rodrigo Díaz (Bíobío), Luciano Rivas (La Araucanía) y Patricio Vallespín (Los Lagos).
Durante la reunión, las autoridades regionales vigentes, expresaron su preocupación por las decisiones que se están tomando en el ámbito de seguridad pública y presupuestario a nivel central, donde plantearon que nuevamente las regiones están quedando relegadas.
Tras las conversaciones, el Gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, aseveró que los gobernadores regionales reunidos en AGORECHI manifestamos “nuestra total oposición a la decisión arbitraria de la Dipres de rebajar los presupuestos de los Gobiernos Regionales, porque eso afecta los cumplimientos de estado de pago, principalmente en materia de obras públicas, que tiene consecuencias muy negativas para empresas contratistas, y también para la mantención de los empleos que son tan importantes en la región. Hay que considerar que más del 60% del presupuesto del Gobierno regional de Atacama se gasta en obras públicas y eso es lo que hemos puesto sobre la mesa hoy en la discusión con la Ministra. También hemos puesto sobre la mesa nuestra discrepancia respecto de la forma en cómo se ha tratado el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, los Gobernadores regionales quedan absolutamente al margen de la toma de decisiones en un ámbito tan importante en el territorio, y además, una materia en la cual los Gobiernos Regionales hacen una gran contribución. Este tipo de decisiones nos permiten llegar a la conclusión de que el
Gobierno tiene totalmente abandonada la agenda descentralizadora, por eso que es urgente retomar estos temas, porque si hay algo que le hace bien a las regiones, a los territorios es más descentralización, porque estamos convencidos que así el gobierno de Chile gana en eficiencia y llegamos más pronto a resolver los problemas de la ciudadanía».
Por su parte, el gobernador de Valparaíso y presidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, expresó: “Los gobernadores aquí presentes le manifestamos nuestra molestia sobre la forma en la cual hoy en día se están tomando decisiones de manera absolutamente arbitraria en materia de presupuesto, en materia de rebaja de presupuesto. Para que la gente nos entienda con mucha claridad: dejarnos sin caja para cumplir con nuestras obligaciones con los proveedores de servicios que tenemos en nuestras respectivas regiones”.
El presidente de Agorechi espera que las decisiones por parte del Gobierno se corrijan, porque repercuten negativamente, por ejemplo, en materia de empleo, donde las fuentes laborales de miles de personas están siendo afectadas. “Esperamos que todos los gobiernos regionales podamos cumplir a cabalidad con nuestros proveedores, que podamos cumplir a cabalidad con las y los trabajadores que viven en nuestras regiones”, indicó.
Sobre este mismo tema, el gobernador de Bíobío, Rodrigo Díaz, planteó que hay urgencia en materia presupuestaria, ya que no se están pudiendo responder con los compromisos adquiridos por parte de los gobiernos regionales y que fueron, previamente, aprobados por los Consejos Regionales y la Dirección de Presupuesto.
“Hay contratistas a los que no les estamos pagando. No porque no queramos, no porque no tengamos dinero nuestro, sino porque quien nos administra la caja no lo entrega. Nosotros no fuimos los que hicimos un mal cálculo para el presupuesto de la nación. En cualquier empresa u ONG, el que hace un mal cálculo asume su responsabilidad”, planteó el gobernador Díaz.
Durante la tarde, las autoridades regionales sostuvieron una reunión con la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; y la directora de presupuesto, Javiera Martínez, en el Ministerio de Hacienda, para abordar esta situación que se arrastra hace meses.
Seguridad Pública
Para las autoridades regionales, el proyecto de ley que crea el nuevo ministerio es una decisión que no fortalece la lucha contra la delincuencia y sigue dejando a las regiones sin las competencias necesarias para fortalecer sus equipos y enfrentar desde los territorios los problemas que le preocupan a la población, como es el caso de la delincuencia y la inseguridad.
Una discusión a la que, según detalló el gobernador Mundaca, no han sido invitados, lo que es preocupante ya que los gobiernos regionales son las instituciones que más recursos destinan en materia de seguridad.
“Una decisión de esa naturaleza lo que hace es fortalecer la centralización y no la descentralización, porque lo que se hace con la creación de un Seremi de Seguridad Pública en el territorio es fortalecer la figura del delegado presidencial y, por ende, debilitar el proceso de descentralización y en esta materia no tenemos acuerdo”.
Es así, como las autoridades regionales enfatizaron en la necesidad de retomar y avanzar con urgencia en proyectos que favorecen las regiones, como es el caso de la creación de una “División de Prevención del Delito” al alero de los Gobiernos Regionales y el proyecto de “Regiones Más Fuertes”, ambos en proceso de discusión en el Congreso.