publicado por α&Ω Marcelo Ruiz-Tagle Escobar director@eloradorilustrado.cl Fuente: Mireya Ponze López
Periodista. Especialista en Comunicación Estratégica, Asuntos Corporativos y Relaciones Comunitarias
La audiencia estaba fijada para este viernes 14 de marzo, pero una falla en la notificación por información incompleta en centro de notificaciones, generó que la instancia jurídica tuviera que aplazarse por cerca de un mes para evitar cualquier vicio que se produzca por falta de emplazamiento al imputado.
La familia y amigas cercanas a la víctima se refirieron a la demora en el avance del proceso por parte de los organismos públicos, específicamente fiscalía y el Sernameg, ya que a un año y medio del hecho, el patrocinio por parte de un estudio de abogados privados a partir de octubre de 2024, puso celeridad y permitió concretar procesos en la causa.
Para el próximo 16 de abril quedó fijada la fecha de formalización de la investigación para el presunto autor del delito de suicidio femicida y maltrato habitual ocurrido en Copiapó en septiembre del año 2023. Se trata del caso de Raquel Valentina Gutiérrez, quien tenía 22 años al momento de su deceso. Según la querella presentada por su familia, la muerte de la joven abrió una arista desconocida para ellos, amigos y cercanos dejando al descubierto el maltrato habitual que sufría la joven de parte de quien entonces era su pareja.
La causa fue iniciada en 2023, y a un año y medio del proceso, la audiencia de formalización había sido fijada para este 14 de marzo en el Juzgado de Garantía de Copiapó. Una vez iniciada la sesión, dieron a conocer que una falla en la notificación por información incompleta por parte del Ministerio Público hacia el centro de notificaciones, generó que la instancia jurídica tuviera que aplazarse por cerca de un mes para evitar cualquier vicio que se produzca por falta de emplazamiento al imputado.
Respecto a los antecedentes que se manejan para invocar en este caso la Ley Antonia, Verardo Rojas, abogado querellante y socio fundador del estudio de abogados Defensa y Justicia, quienes asumieron el patrocinio de la causa por petición de la familia en octubre de 2024 debido a la demora de los organismos públicos en el avance del proceso, manifestó que “la Ley Antonia se creó por el maltrato a que se sometían ciertas victimas en violencia intrafamiliar y que la única salida que tenían era la muerte. En este caso fue la muerte de la víctima y se va a configurar un ilícito de suicidio femicida y maltrato habitual, que eventualmente pueden ser uno u otro ilícito el que se lleve a cabo por una violencia sicológica que sufría en la relación y que tenían un hijo en común, y que eventualmente sería el segundo suicidio femicida que se formalizaría en la región de Atacama”.
En cuanto los antecedentes afirmó que “existe una carpeta investigativa que a lo menos tiene más de un tomo de investigación, hay distintos videos, audios y otros antecedentes que justifican por lo menos presunciones fundadas de existencia del delito y participación por parte de la persona que se está investigando actualmente”.
En torno a lo ocurrido, y en representación de la familia, el padre de la víctima, Cristian Gutiérrez, expresó con lágrimas en los ojos que “salir de estas audiencias con frustración, con rabia… El tema es que esto se viene alargando ya hace más de un año 6 meses, donde hemos estado esperando que la justicia actúe, que la justicia se haga presente. Crean estas leyes y uno espera que funcione, que no se dilate tanto, entonces por una simple notificación esto se sigue alargando, una simple notificación, donde está fallando justamente el organismo que tiene que notificar a las personas. Entonces que alargue, que se extienda este dolor, que se extienda toda esta revictimización de lo que estamos viviendo con respecto a lo que le pasó a nuestra hija… Es terrible”.
El Fiscal de Copiapó, Ariel Guzmán, indicó que “la audiencia que estaba programada para el día de hoy (viernes) debió ser reprogramada para el día 16 de abril, este es un caso de bastante importancia para la fiscalía, y ha sido trabajado e investigado de manera conjunta con el apoyo de Sernameg, de la abogada de la familia y con el apoyo de nuestra Unidad de género de la fiscalía nacional, considerando que el delito de suicidio femicida es un delito bastante complejo de investigar, bastante complejo de acreditar, de hecho este sería el segundo caso que se podría formalizar en esta región y hay tres o cuatro a nivel nacional. Por eso es que se ha debido investigar con bastante profundidad, con bastante acuciosidad, y con eso hemos recopilado los antecedentes que estimamos suficientes para formalizar esta investigación”.
Rocío Sanhueza, quien es vocera del grupo de amigas de Raquel, afirmó que “Raquel falleció un 21 de septiembre de 2023, ha pasado un año y medio desde que sucedió, y a partir del momento uno, el caso fue tomado por fiscalía porque cumple los parámetros de lo que vendría siendo un suicidio feminicida, que quizá no estaba muy visualizado en ese momento, pero este viene a raíz de la Ley Antonia que partió el 2022 y viene a regular los temas de violencia de género y delitos sexuales, entonces nosotros peleamos un suicidio feminicida que fue detonante la violencia de género en este caso, donde existen los parámetros, existen denuncias previas, los antecedentes, por decirlo así y por eso el caso fue tomado en un principio por fiscalía, mencionamos que Sernameg también estuvo involucrado; si bien estas son las instituciones que deberían velar y cuidar todo lo que es relacionado con temas de violencia hacia la mujer, nos hemos encontrado a que no hay movimiento, ha pasado un año y medio, y en este momento que exista esta audiencia y esta instancia en que se viene a presentar el caso es gracias a gestión de la familia por vía privada”.
Durante la audiencia en las afueras del Juzgado de Garantía, además de la familia, amigas, amigos y personas cercanas de la víctima se hicieron presentes representantes de las agrupaciones UDEMA, Colectiva de Mujeres y Disidencia Murinu, y del Tejido Feminista en Atacama.
Este caso, sería el segundo por este delito en la región, sumándose a la causa que en enero de este año se formalizó en Caldera-por el caso de la muerte de la joven madre Catalina Rojas- instancia en que el imputado quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.