publicado por α&Ω Marcelo Ruiz-Tagle Escobar director@eloradorilustrado.cl
“Este es un gobierno de practicantes y lo que Chile necesita es un equipo profesional a la altura”. Con esta frase, el entonces candidato José Antonio Kast criticaba, en abril de 2022, el actuar de los ministros del gobierno de entonces. Paradójicamente, casi cuatro años y medio después, esa frase parece quedarse corta para describir el actuar de su propio gobierno, no solo a nivel ministerial, sino también, y principalmente, en la designación de seremis y jefaturas regionales. Y en Atacama, especialmente.
Así es, después de las mediáticas salidas de las exministras Sedini y Steinert, y de alcanzar la histórica cifra de más de 40 seremis renunciados en lo que va de gobierno, esta semana salieron, en medio de cuestionamientos, la ministra Duco, en Deportes, y en plena emergencia climática, el delegado presidencial provincial de Chañaral.
Urrejola era uno de los pocos rostros reconocidos del gabinete regional. Lamentablemente para él, no por su despliegue, experiencia política o alto perfil profesional, sino precisamente por sus polémicas. A pocos días de asumir ya eran de público conocimiento los antecedentes que terminaron sacándolo del cargo: la ocupación irregular de un inmueble fiscal en la playa de Portofino, en Chañaral, durante años; y su intervención en la contratación de la prima de su pareja en la misma Delegación que encabezaba, cuando debió haberse abstenido.
Su salida, además, está marcada por dos aspectos particularmente llamativos, en primer lugar, el momento. Mientras la segunda emergencia climática que afecta a nuestra región en poco tiempo golpeaba precisamente a la provincia de Chañaral, el Gobierno debía enfrentar una situación que exigía máxima presencia y capacidad de gestión en el territorio.
El segundo es que Urrejola deja el cargo apenas cinco meses después de haber asumido, cuando los antecedentes que terminaron provocando su salida ya eran conocidos mucho antes de que la Contraloría instruyera los procedimientos sumarios que conocimos la semana pasada.
Y aquí está quizás lo más grave de todo.
La información que dio origen a los procedimientos de Contraloría no provino de una investigación del Ministerio Público, de CIPER o de un informante anónimo, provino del propio Gobierno. Los antecedentes sobre la ocupación irregular de un inmueble fiscal fueron proporcionados por laSeremi de Bienes Nacionales de Atacama. Mientras que los relativos a la contratación de la prima de su pareja fueron entregados por el propio Ministerio del Interior.
En otras palabras, mientras durante estos meses las autoridades regionales acompañaban a Urrejola en actividades oficiales y se fotografiaban junto a él como parte de la agenda del Gobierno en Atacama, los mismos organismos, el mismo Seremi de Bienes Nacionales y la Delegada Presidencial Regional que hoy aparecen entregando antecedentes a la Contraloría ya conocían las situaciones que lo comprometían.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué pasó durante esos cinco meses?
Porque una cosa es que un funcionario cometa una irregularidad y otra muy distinta es que la administración que dice defender la probidad conozca esos antecedentes y no actúe oportunamente.
Y aquí es donde el caso de Chañaral deja de ser solamente el caso de Sebastián Urrejola, y se transforma en una pregunta sobre los estándares con los que este Gobierno mide a sus propios funcionarios. Porque cuando Kast hablaba de “un gobierno de practicantes” para referirse al Gabinete del presidente Boric, no estaba haciendo una observación técnica ni inocente: estaba estableciendo una vara, una medida que sabía lo perseguiría en el futuro. Una vara con la que juzgó duramente al gobierno anterior y con la que prometió ofrecerle al país algo distinto: experiencia, excelencia, capacidad y probidad.
Hoy, cuando esa misma vara que utilizó para medir al gobierno anterior se aplica sobre su propia administración, el resultado es bastante menos auspicioso: el Gobierno de Kast queda debiendo precisamente en aquello que prometió venir a corregir.
Porque la probidad no puede ser una exigencia para los demás y una excepción cuando el problema está dentro de la propia casa. La excelencia no puede ser un discurso de campaña y una condición que solo se exige a quienes piensan distinto.
Si este Gobierno realmente quería demostrar que venía a hacer las cosas de una manera distinta, tenía una oportunidad bastante sencilla: actuar cuando conoció los antecedentes…NO LO HIZO.
Y eso, finalmente, es mucho más revelador que cualquier discurso sobre probidad, excelencia o profesionalismo.