Emergencia en Atacama: cuando el Estado hace la diferencia Por Maximiliano Hurtado, Ex Convencional Constituyente


publicado por α&Ω Marcelo Ruiz-Tagle Escobar director@eloradorilustrado.cl 


Las lluvias que afectaron a la Región de Atacama dejaron a cientos de familias aisladas, destruyeron caminos y puentes, interrumpieron servicios básicos y golpearon duramente la actividad productiva. Una emergencia de esta magnitud no solo pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones; también obliga a preguntarnos qué Estado necesita Chile para enfrentar un escenario donde este tipo de eventos serán cada vez más frecuentes. La respuesta, al menos en Atacama, parece evidente.

Cuando comenzó la emergencia, las primeras maquinarias despejando rutas, las primeras camionetas recorriendo los sectores afectados y las primeras decisiones para restablecer la conectividad provinieron de las municipalidades, de Vialidad, del Gobierno Regional, de los servicios públicos y de cientos de funcionarios que estuvieron en terreno desde el primer momento. No de la Corproa ni de la Cámara Chilena de la Construcción.

No se trata de desconocer el aporte que realizaron empresas privadas, organizaciones sociales o vecinos que colaboraron solidariamente. Ese apoyo fue importante y merece ser reconocido. Pero existe una diferencia esencial: mientras el privado decide cuánto y cómo colaborar, el Estado no tiene esa opción. Su responsabilidad no depende de la rentabilidad ni de la conveniencia, debe responder, cueste lo que cueste, porque esa es precisamente su razón de ser.

Esa realidad contrasta de manera inevitable con el principal debate político que ha impulsado el Gobierno desde que asumió. Mientras la emergencia demuestra la necesidad de contar con instituciones públicas fuertes y con recursos suficientes, la Moneda ha puesto sus mayores esfuerzos en reducir el tamaño del Estado. Primero, mediante un recorte presupuestario transversal que afectó a todos los ministerios sin distinguir sus funciones ni las necesidades de cada servicio. Y luego, con la denominada «Ley de los Súper Ricos», una reforma tributaria que disminuye de manera permanente los ingresos del Estado para financiar una rebaja de impuestos que beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos.

La contradicción es evidente. En un país donde el cambio climático hará que las emergencias sean más frecuentes y más intensas, la discusión no debería ser cómo debilitar la capacidad del Estado, sino cómo fortalecerla. Porque cada peso que se resta de manera permanente a las finanzas públicas es un peso menos para mantener caminos, construir infraestructura resiliente, responder a desastres, fortalecer a los municipios o apoyar a las familias cuando más lo necesitan.

Las dos visitas del Presidente José Antonio Kast a Atacama terminaron reforzando esa misma contradicción. En una emergencia de esta magnitud, la región esperaba un compromiso extraordinario del Estado central, con recursos frescos para enfrentar la reconstrucción. Sin embargo, el mensaje fue otro: levantar diagnósticos y esperar que Atacama financie buena parte de la recuperación con sus propios recursos, ya sea mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o con presupuestos municipales que, además, hoy enfrentan una enorme incertidumbre producto de las propias reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La contradicción no termina ahí. El mismo Gobierno que pide a las regiones hacer un esfuerzo con recursos propios propone compensar la rebaja de ingresos que sufrirán comunas de altos ingresos, como Las Condes o Providencia, por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, utilizando recursos provenientes del erario nacional. En otras palabras, comunas como Alto del Carmen, donde ninguna vivienda se beneficia de esta nueva exención, terminarán aportando, con los recursos de todos sus vecinos, a financiar la disminución de ingresos de comunas donde más de 22 mil viviendas dejarán de pagar contribuciones. Es una lógica difícil de comprender, especialmente cuando son precisamente las comunas más vulnerables las que hoy necesitan cada peso para ponerse de pie tras una de las peores emergencias climáticas de su historia

La idea de que Atacama financie con sus recursos su propia reconstrucción no solo resulta insuficiente. También refleja una determinada forma de entender el rol del Estado: uno que observa, coordina y administra la escasez, en lugar de movilizar los recursos que una catástrofe exige.

Las emergencias tienen la virtud de dejar al descubierto aquello que muchas veces la discusión política intenta ocultar. Nos recuerdan que existen bienes públicos que el mercado, por definición, no puede garantizar por sí solo. La conectividad, la protección civil, la reconstrucción, la salud o la educación no pueden depender exclusivamente de la capacidad de pago de las personas ni de la buena voluntad de un privado.

Atacama acaba de entregar una lección que trasciende cualquier diferencia política. Cuando todo falla, cuando los caminos desaparecen y las comunidades quedan aisladas, no es un Estado más pequeño el que hace falta, es exactamente lo contrario: un Estado con recursos, con presencia y con capacidad de actuar. Porque, al final del día, la verdadera fortaleza de un gobierno no se mide por cuánto es capaz de reducir al Estado, ni de ahorrar en cuatro años, se mide por cuánto es capaz de proteger a su gente cuando más lo necesita, y en eso este gobierno sigue estando al debe.