Hasta el día de hoy no se tiene información clara y precisa respecto a cuántas personas están en situación migratoria irregular. Es de conocimiento público que la migración irregular existe y es alta; las razones de porqué se produce este fenómeno en el que cientos de personas de diversas nacionalidades ingresan a nuestro país por pasos no habilitados son variadas, pero ese no es el tema que nos atañe hoy, pues lo preocupante en realidad es el limbo migratorio en el que se encuentran dichas personas una vez que pisan territorio chileno.
Si bien en el tema del ‘’limbo migratorio’’ las cifras son importantes, el real problema es aún más profundo, por cuanto a la fecha no existen políticas migratorias con soluciones a corto plazo, que resuelvan cuestiones fundamentales como la situación en la que se encuentran aquellas personas sin decreto de expulsión vigente, pero sin visa otorgada, ni con permiso de residencia alguno.
Por cierto, es la autoridad administrativa (Ministerio del Interior y Seguridad Pública y/o Delegación Presidencial o actual Servicio Nacional de Migración) quien dispone la expulsión de una persona extranjera fundándola en el ingreso clandestino. Sin embargo, existe criterio casi unánime por parte de nuestros máximos Tribunales de Justicia en dejar sin efecto tales expulsiones a través de la interposición de una acción de Amparo, por razones basadas en la protección de la unidad familiar; el interés superior de niñas, niños y adolescentes; poca lesividad del hecho, ya que actualmente el ingresar por paso no habilitado solamente tiene pena de multa; etc.
A pesar de lo anterior, ya que sea acogida esta acción en materia migratoria ante las Ilustres Cortes de Apelaciones, la persona migrante solamente sigue viviendo en Chile pero sin visa u otro permiso de residencia, lo cual provoca una serie de consecuencias en su diario vivir iniciando así el ‘’limbo migratorio’’, lo que conlleva a largas contiendas burocráticas ante servicios públicos que, lisa y llanamente, no comprenden la amenaza que significa, por ejemplo, a la estabilidad emocional de la persona, puesto que no pueden acceder a un trabajo formal y a los beneficios de seguridad social que esto conlleva, lo cual trae aparejado el exponerse a los abusos patronales y enfrentar día a día la imposibilidad de realizar trámites simples al carecer de documento de identificación por parte del Estado chileno.
En otras palabras, los máximos Tribunales de Justicia dejan sin efecto la orden de expulsión, pero a la vez los migrantes no se pueden regularizar con algún permiso de residencia o visa, sólo cuentan con una pequeña chance de realizar una solicitud hacia el mismo Ministerio de Interior y Seguridad Pública en Santiago, las cuales no son respondidas con celeridad en la generalidad de los casos e incluso, en un número menor de casos, éstos se deben volver a judicializar para no seguir dilatando las respuestas a las solicitudes.
Es así como el Poder Judicial del Estado deja sin efecto una expulsión y permite que una persona permanezca en Chile y a su vez otro órgano administrativo niega su regularización o dilata la decisión respecto a su solicitud de permanencia en Chile, manteniéndolo indocumentado durante ese proceso. Lo anterior deja en evidencia la fragilidad de las personas en situación migratoria, situación que conviene visibilizar.
Finalmente, las personas en situación irregular migratoria de esta manera caen en un limbo, y entiéndase limbo como significado cristiano: ‘’es aquel espacio al borde del infierno, se está libre de todo castigo, pero también alegado de toda felicidad eterna’’. Por lo tanto, esto es lo que viven habitualmente no solo esas personas migrantes, sino también sus hijas e hijos, al vivir un país en donde los tratan como a nadie, sólo por no tener cédula de identidad nacional y haber creído que los chilenos éramos los Jaguares de América.
Verardo Enrique Rojas Olivares
Abogado de la Universidad de Atacama
Defensor Penal Pública de la Provincia de Chañaral